Equipo de los veedores de la OEA en las elecciones de Bolivia. ARCHIVO/OEA
Más de 20 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica manifestaron que no puede interpretarse como una “interferencia” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del secretario General, Luis Almagro, en asuntos internos de Bolivia, solo por quienes se “separan de las exigencias superiores de la democracia y el respeto a los derechos humanos”.
Los exmandatarios que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) se pronunciaron ante la opinión pública internacional, negando que exista una injerencia de Almagro en asuntos internos de Bolivia, después que entre otras criticó la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, investigada por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
“Las recomendaciones que, en el señalado marco y acerca del funcionamiento de la Administración de Justicia y la lucha contra la corrupción dirija el secretario general de la OEA a los gobiernos de los Estados parte, como lo ha hecho recientemente con el gobierno de Bolivia, que es el producto de una sucesión constitucional reconocida por la misma OEA y la Unión Europea, puede ser interpretada como una interferencia en asuntos internos solo por quienes se separan de las exigencias superiores de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, se lee en el pronunciamiento.
La OEA y la Unión Europea reconociendo al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, tras la renuncia en noviembre de 2019 de Evo Morales, quien salió del país en medio de una crisis política tras las elecciones de octubre de ese año.
A poco más de un año de esos hechos, a denuncia de una exdiputada del MAS, Lidia Patty, se activó a través del Ministerio Público una investigación sobre un presunto “golpe de Estado”, la demanda es contra el exlíder cívico y actual gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exjefes militares y policiales y se amplió en contra de la exmandataria y de sus excolaboradores.
El gobierno de Luis Arce acusó a Almagro de “persistentes acciones de injerencia” tras la detención de Áñez y de dos exministros y de cuestionar la falta de independencia de la administración de justicia, incluso planteó que se enviaría al Tribunal Penal Internacional los casos de lesa humanidad.
“Ningún Estado ni gobierno, en efecto, puede tremolar la bandera de la soberanía ante situaciones que comprometan los estándares democráticos y las garantías de los derechos humanos y acerca de las recomendaciones que les dirijan los órganos del Sistema Interamericano, incluidas las de carácter decisorio (…)”, se manifestaron.
La reacción de los exmandatarios surge después de que el pasado 1 de abril se conoció que 12 expresidentes, ocho excancilleres y otras personalidades firmaron la declaración "Rechazo de injerencia en Bolivia" contra el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
