El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de un proyecto de ley, busca “legalizar” la rotación en el cargo de concejales y asambleístas departamentales titulares y suplentes, bajo el paraguas del principio de la “alternancia”. Los expertos y concejales electos ven que la propuesta es inconstitucional, porque -argumentan- se pretende “mutilar” el mandato de autoridades electas por voto.
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El proyecto de ley presentado por una legisladora del partido azul apunta a que el titular ocupe la mitad del mandato (dos años y medio) y el suplente la otra mitad.
El proyecto está siendo tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Foto: Archivo / Página Siete
El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de un proyecto de ley, busca “legalizar” la rotación en el cargo de concejales y asambleístas departamentales titulares y suplentes, bajo el paraguas del principio de la “alternancia”. Los expertos y concejales electos ven que la propuesta es inconstitucional, porque -argumentan- se pretende “mutilar” el mandato de autoridades electas por voto.
Durante el mandato de las autoridades salientes, elegidas en 2015, salió a la luz que en el partido oficialista se realizaron los denominados “pactos de rotación”, acuerdos internos -fuera de la norma- entre un concejal titular y su suplente para que los primeros cedan el cargo a los segundos en un determinado tiempo del mandato, generalmente la mitad del período. Esos “pactos”, no obstante, en más de un caso derivaron en violencia y acoso político en contra de las concejalas.
El proyecto de ley que ahora el MAS busca sancionar en el Legislativo fue presentado por la diputada María Cristina Choque, el 5 de marzo. La legisladora declaró a Página Siete que el fin principal de la propuesta es “profundizar la democracia” y "buscar justicia”, porque -según su criterio- “en muchos municipios no se ha cumplido el tema de la alternancia”.
“Los titulares muchas veces han ejercido los cinco años, olvidándose de los suplentes. Como no está normado, se han basado en la letra muerta y no a los compromisos que se tienen antes de las elecciones”, afirmó Choque.
Según el documento, el objetivo del proyecto es “Aplicar la alternancia de mandato a autoridades electas municipales y departamentales titulares y suplentes a dos años y medio de los cinco años, ejerciendo equitativamente y en igualdad de condiciones el mandato”.
Lucía Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, afirmó que este proyecto de ley “no tiene fundamento ni asidero”, porque va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra los derechos. Además, detectó que hay una interpretación errónea de la alternancia, puesto que las leyes electorales disponen la aplicación de los principios de paridad y alternancia sólo para la elaboración de las listas de candidatos.
“Este proyecto de ley vulnera los derechos políticos de mujeres y hombres establecidos en la normativa vigente y en el artículo 26 de la Constitución, que garantiza la participación libre en el ejercicio, control del poder político. Además, que vulnera y afecta los derechos de los electores que acuden a las urnas para votar por sus representantes titulares por un período de cinco años”, manifestó Vargas a este medio impreso.
Agregó que la Coordinadora de la Mujer y todas las organizaciones de mujeres estarán pendientes del tratamiento del proyecto en el Legislativo y pedirán que se realice un control previo de constitucionalidad.
Franz Rafael Barrios, investigador en asuntos jurídicos, citó el artículo 288 de la CPE que dispone: “El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años”. El experto subrayó que ninguna ley puede “mutilar” o acortar el mandato constitucional de cinco años de tales servidores electos. “Si acaso le ‘metieran nomas’, se les recuerda que esa aberración ni siquiera podría ser aplicable a los mandatos de los asambleístas que ya fueron electos por el principio de que la ley rige para lo venidero -sin aplicación retroactiva- en esta inconstitucional materia”, afirmó.
Fabián Yaksic, especialista en autonomías, afirmó que los legisladores nacionales “deben entender que no pueden seguir legislando en materias que tienen que ver directamente con las entidades territoriales autónomas”, y que son éstas, junto con los tribunales electorales departamentales, las que deben resolver este tema.
“Es una injerencia en la autonomía, es violentar una vez más las autonomías departamentales y municipales. No corresponde este planteamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (…) esto se tiene que tratar en el seno de las asambleas departamentales y los concejos municipales. Es un proyecto de ley que no tiene mucho sentido ni fundamento”, afirmó Yaksic.
Los concejales electos Rogelio Maldonado, de Jallalla de El Alto, y Jorge Dulón, de Somos Pueblo, del municipio de La Paz, rechazaron la propuesta del MAS y sostuvieron que es “inconstitucional”.
“La Constitución Política del Estado y el voto de la población me han dado cinco años de mandato. Yo no tengo por qué hacer otro tipo de acuerdos”, afirmó Maldonado.
El concejal electo de El Alto agregó que son cuatro causales por las que un concejal suplente puede ejercer la titularidad: Muerte, renuncia, incapacidad o sentencia ejecutoriada contra el titular.
Para Dulón, además de ser inconstitucional, si se consolida el proyecto, “truncaría la gestión municipal de los concejales en sus propuestas y fiscalización”. Subrayó que las personas que candidatean, y que finalmente son electas, conocen las “reglas del juego”, que están plasmadas en las normas electorales y en la CPE.
