Con la segunda vuelta en cuatro departamentos para la elección de gobernadores, el próximo domingo, concluye formalmente el largo y complejo ciclo electoral en el país. A reserva del balance de “ganadores/perdedores”, que expresa un paisaje más diverso que la sola polarización MAS-antiMAS, será necesario un drástico examen de las organizaciones políticas, en especial de los partidos y alianzas de alcance nacional.

¿Cómo queda el campo político? ¿Y el sistema de partidos? ¿Dijimos adiós al sistema de partido predominante para dar paso a un todavía esquivo y difuso esquema de pluralismo (más o menos moderado o polarizado)? O mejor: ¿podemos hablar de “sistema” cuando solamente uno de los nueve partidos tiene presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿O cuando la principal fuerza de oposición es inexistente en departamentos y municipios?

Más allá del estado de la representación política y sus señales de mutación, está en agenda una tarea democrática fundamental: hasta el 31 de diciembre de este año todos los partidos y agrupaciones ciudadanas (más de un centenar) deben adecuarse a las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas. No es un acto voluntario, sino un mandato legal. E implica, entre otras tareas, el ajuste de sus documentos constitutivos (incluyendo la adopción de un novedoso régimen de despatriarcalización).

Los recientes comicios demostraron que las organizaciones políticas no tienen (o en su caso incumplen) procedimientos democráticos y paritarios para la elección de dirigencias y la nominación de candidaturas. Así, operan el dedazo, la decisión cupular, el faccionalismo, la imposición o hábitos peores como alquilar siglas o comprar curules. La democracia interna es todavía una buena idea (ese horizonte inalcanzable).

Procesos extraordinarios para la toma de decisiones o poderes de excepción están prohibidos por la norma e implican nulidad. Pero su ejercicio es recurrente. Son usuales también las purgas para sancionar la disidencia: Creemos expulsa a cuatro diputados “funcionales al MAS”, Comunidad Ciudadana abre proceso disciplinario contra representante por no apoyar a candidato opositor, el MAS-IPSP amenaza con castigar a diputado que quiere nueva jefatura partidaria.

Con la renovación de autoridades y representantes electos, el fin del ciclo electoral contribuye ciertamente a reponer la legitimidad democrática luego del opaco régimen provisorio y la prórroga de mandatos. Pero no implica clausura. En este caso, importa el después: nueve meses para adecuar la estructura de representación política a la Ley y/o reformar la normativa. Veamos quiénes, si acaso, quedan en pie.

 FadoCracia pacificadora

1. Falacia del “Diario Mayor”: ¿Quiere usted vivir en guerra o vivir en paz? Tan bien que íbamos, señorías. ¿A quién se le ocurre “hacer justicia”? 2. Dulce bellum inexpertis: la guerra atrae a quienes no la han vivido (gracias, buen Erasmo). O mejor: quien alaba la guerra, no le ha visto la cara. 3. “Pudimos pacificar el país sin violencia” (gentileza de Dañine). Primera pacificación: “fuego cruzado” en Huayllani. Segunda pacificación: “actos terroristas” en Senkata. 4. ¿Y los pacificadores? “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal” (Decreto Supremo N° 4078, 14 de noviembre: anoten número y fecha, registren a los 12 abajo firmantes). 5. Variaciones: ¿Quiere usted pacificar y reconciliar el país? Claro, con justicia. 6. En tanto, la Iglesia pide reconocer el rostro de Jesús en las víctimas. ¿Víctimas de las masacres? No, de los amigos detenidos. La verdad os hará liebres. Y rencorosos. 7. Ah, “Conferencia Piscopal” (Coco Manto dixit).

 José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.