La Democracia como sistema político que garantiza para todos los/las habitantes de un Estado el reconocimiento y respeto de derechos básicos y otorga garantías para su ejercicio, es una aspiración irrenunciable, porque hasta donde se sabe, solo un Estado Democrático de Derecho posibilita que sus gobernantes sometan sus actos a la Ley, sean producto de elecciones libres en la que las/os ciudadanos/as de acuerdo a sus preferencias definan con autonomía quienes asumirán el gobierno en su nombre y por el tiempo establecido previamente por las leyes.
Instrumentos internacionales como las cartas fundacionales de la ONU y la OEA señalan que la paz y el desarrollo de los pueblos, el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana; la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la democracia representativa son condiciones indispensables para la estabilidad de la región. Por su parte, la Carta Democrática Interamericana reconoce como una de las bases fundamentales de la Democracia la separación e independencia de los poderes públicos. En este momento especial, a nuestro entender, la independencia del Poder Judicial es la más importante porque de ella depende la seguridad, la libertad, la vida, la dignidad y el patrimonio de las personas.
La salud y la vitalidad de un Estado democrático se expresa sobre todo cuando los actos del sistema de justicia se rigen a la Constitución y las leyes; cuando las autoridades judiciales demuestran idoneidad al momento de resolver los asuntos que conocen y lo hacen con imparcialidad, sin influencias, presiones o intromisiones indebidas; lo que a su vez, les proporciona estima, valoración y respeto de la sociedad.
Cuando esos elementos básicos se debilitan tal como sucede en Bolivia, en la que son contados/as los/as jueces y magistrados/as conocedores y respetuosos/as de las normas, practicantes de la ética, que inspiran confianza a la población, no queda sino reconocer que la justicia ha muerto; ¿causas? infecciones internas como intromisiones los jefes para favorecer o perjudicar a determinados actores; corrupción e incapacidad profesional. Ataques externos de actores económicos, sociales, políticos y de los otros poderes del Estado. Las escasas defensas que tenía la Justicia no fueron suficientes para salvarla, hoy yace en estado de descomposición y su olor contamina el ambiente, genera malestar social y provoca desbande hasta de postulantes. No es necesaria una autopsia, sabemos qué le pasó; los gusanos se van cebando con ese cadáver, engordan sin importarles que el contagio que llevan a sus hogares podría destruirles también a ellos/as; pero la tragedia es que la democracia quedó huérfana de Justicia.
DE FRENTE
JULIETA MONTAÑO S.
Abogada. Defensora de Derechos Humanos
julietamontañ[email protected]
