El gobierno del MAS ha perfeccionado la ley del embudo: ancha, condescendiente y relajada para los oficialistas y estricta y rigurosa para los opositores. Y como muestra basta un botón, la exmandataria Jeanine Áñez gobernó un año y se encuentra privada de su libertad en una cárcel de la ciudad de La Paz, como si se tratase de una vulgar delincuente que no habría hecho otra cosa, durante esos 12 meses, que dedicarse a delinquir. En cambio, Evo Morales gobernó 14 años y ha podido cometer (como de hecho ha cometido) hechos delictivos gravísimos y se encuentra libre y reinando (gobernando) detrás del trono. Un par de ciudadanos cruceños quemaron unas ánforas y se encuentran detenidos a punto de someterse a un procedimiento abreviado, mientras que los que quemaron 64 buses Pumakatari en La Paz, y cometieron el megafraude de 2019, fueron amnistiados e indultados.

En general, los groseros hechos de corrupción evidencian dos tipos de investigaciones y de procesos judiciales: a) cuando el autor “confeso” forma parte de las filas del gobierno recibe un trato y, por tanto, habrá un determinado resultado; y b) cuando el presunto autor es de las filas de la oposición, recibe otro muy distinto. Para los corruptos de la oposición no existen el debido proceso, las garantías judiciales, los convenios y tratados internacionales y, salvo algunas excepciones, todos terminan en la cárcel o prófugos por falta de garantías procesales. En cambio, los corruptos del oficialismo no sólo reciben protección y cuando los encuentran flagrantes tienen tratos privilegiados, sino que muchas veces han salido en hombros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El tratamiento discriminatorio es patético desde el primer momento de la denuncia. La mayoría de los hechos delictivos, derivados del abuso de poder, son rechazados, o cuando logran ingresar al sistema penal, esas denuncias las ponen en la “congeladora” por algún tiempo y terminan muriéndose por inanición judicial. Los órganos de persecución penal, en cambio, son selectivos y eficientes a la hora de realizar una investigación en contra de los opositores.

Los procesos judiciales concluirán y establecerán unas determinadas responsabilidades penales dependiendo de quién sea el autor o autores. Esta particularidad será determinante para que el aparato represivo del Estado funcione de una determinada forma o, simplemente, deje de funcionar. En realidad, la maquinaria del Estado espera bien aceitada y es muy eficiente cuando se trata de reprimir hechos delictivos en contra de ciudadanos alejados del poder.

Hay otra categoría de casos donde se investiga, pero no para esclarecer sino para oscurecer y desviar la verdad histórica del hecho criminal. Existen muchos ejemplos, en este sentido, como los históricos casos Chaparina, La Calancha, el proceso a Leopoldo Fernández. En el caso terrorismo-separatismo no solo que no se ha investigado la ejecución extrajudicial de tres ciudadanos extranjeros sucedida el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, sino que se acusó a un grupo de ciudadanos que lucharon por la autonomía. Esta cacería humana no fue un hecho simplemente policial, sino un hecho político debidamente planificado, que se ha convertido en un delito de lesa humanidad e imprescriptible, cuya responsabilidad o responsabilidades falta establecer.

La ley del embudo, que funciona a la perfección, se hace sentir no sólo en casos menores. En el Tribunal Constitucional los recursos que plantean los opositores son igualmente rechazados, en cambio, los que ingresan del oficialismo salen favorables y en tiempo récord. La monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, no solo buscaba constitucionalizar la reelección indefinida de los exgobernantes, sino también convertir los actos que vulnerar la Constitución en un derecho humano.

Todo este comportamiento y trato selectivo se debe al control político del Órgano Judicial, intromisión que ha generado una crisis descomunal en todo el sistema. Esta crisis distorsiona las investigaciones, los procesos judiciales y el sistema constitucional, generando una sistemática inseguridad jurídica y ciudadana, que termina fomentando la impunidad y la sensación de zozobra en la ciudadanía.