El gobierno de Luis Arce, empujado por el jefe de su partido, Evo Morales, viene tratando de imponer en el imaginario colectivo la idea de que en Bolivia en 2019 hubo golpe de Estado.

Esta idea es sustentada únicamente en argumentos legalistas, desprovistos de un análisis profundo de la realidad social, económica y política de nuestro país.

Evo Morales, desde el inicio de su mandato, se declaró socio de las transnacionales, entiéndase servil a los intereses de estas grandes empresas en nuestro país: petroleras como Repsol, Total y mineras como Sumitomo o Coeur Mining; situación que se fue concretando a lo largo de sus tres gestiones en el poder, algo ya fuera de la norma constitucional. Evo Morales y el MAS resultaron ser el mejor gobierno a favor del empresariado minero, bancario y agroindustrial. En la época de mayor bonanza que tuvo nuestro país, a lo largo de toda su historia y con pequeñas dádivas otorgadas a los oprimidos del campo y de la ciudad, amainaba la rebelión social, dividía a los sectores, compraba a la dirigencia servil con regalos y privilegios o actuaba brutalmente, persiguiendo y encarcelando sin misericordia a indígenas y dirigentes que no se sometían.

Algunos piensan que en el gobierno de Jeanine Añez se cerró Enatex, Correos y otras entidades, echando a miles de trabajadores a las calles; se incendió la Chiquitania para favorecer a los agroindustriales, se intervino sindicatos y se coparon todas las instituciones y organizaciones posibles. No… eso lo hizo y lo hace el gobierno supuestamente indígena y falso socialista del MAS (ahora lo hace con Adepcoca).

Por eso, en lugar de golpe de Estado, prefiero hablar de golpe de costado, pues fueron sus socios en el poder, es decir, la oposición funcional al régimen, la que, en una suerte de viveza criolla, le arrebató la silla presidencial a quien quería abiertamente eternizarse en el poder, pisoteando la Constitución Política del Estado e incluso el resultado de un referéndum. Por eso resulta un descaro de los masistas que ahora se reclamen respetuosos y defensores de las normas. ¿Quién decía que si la ley no nos sirve hay que meterle nomás, al margen o en contra de la ley?

¿Cuál fue el cambio de Añez respecto al gobierno de Evo Morales en materia de políticas y acciones en el manejo de la cosa pública? Pues ninguno. Ambos gobiernos responden a las directrices de los potentados económicos. El gran cambio, para ser sarcástico, fue que Añez utilizaba el avión presidencial para hacer pasear a su hija y que a Evo le quitaron el “derecho humano” de pasear a sus “novias”, muchas de ellas - se dice- menores de edad, en ese mismo avión presidencial. Miren ustedes que gran cambio se produjo luego del supuesto golpe de Estado.

Otras cosas son las persecuciones, asesinatos, encarcelamientos ilegales y masacres que se dieron en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez. Desde golpearlos, amarrarlos y arrastrarlos como animales a los indígenas del Tipnis en Chaparina, las muertes en Caranavi y en varios lugares más a manos de francotiradores, la masacre de mineros cooperativistas, el asesinato de Jonathan Quispe de la UPEA, las masacres de Sacaba y Senkata, así como otras persecuciones, encarcelamientos injustos, muertes en medio de tantos conflictos sociales.

Por todos estos crímenes es necesario que Añez y Morales sean enjuiciados, pero no con nuestros órganos de justicia prostituidos y manipulados por el poder de turno. Es fundamental restituir lo mejor que tuvimos y avanzar en materia de justicia, incorporando jueces técnicos que demuestren su probidad y sus méritos ante instancias de selección independientes del poder de turno, junto a jueces ciudadanos designados aleatoriamente por distritos; es decir, contar con tribunales independientes que garanticen una sentencia ajustada a las leyes y nos permitan, en contra de los afanes del gobierno, pacificar el país.

Federico Zelada Bilbao es economista, docente de la UMSA y exrector de la UPEA.