Con la segunda vuelta electoral departamental de este domingo, concluirá esta larga transición electoral qué se inició en enero de 2020, en el gobierno transitorio, después de la renuncia y la fuga de Evo Morales. Han transcurrido casi 16 meses, se ha instalado un nuevo gobierno constitucional y a partir de mayo la institucionalidad subnacional empezará a funcionar con sus nuevos titulares.

Deberíamos estar en un momento promisorio de certezas, pero más bien se ha instalado un ambiente político de incertidumbres. No son sólo las crisis sanitaria y económica agravadas por la continuidad de la pandemia, sino la decisión gubernamental de reponer la confrontación por la vía de la persecución judicial de los exgobernantes transitorios. De la retórica del “golpe de Estado” se ha pasado al encarcelamiento de la expresidenta Añez nada menos que por “sedición” y “terrorismo”, atropellando el orden constitucional, al tiempo que, por separado, se le han iniciado cuatro “proposiciones acusatorias” para un juicio de responsabilidades, anunciándose una quinta por las muertes en Sacaba y Senkata que, sin embargo, ya están siendo investigadas por la vía ordinaria y dónde se han detenido al menos a cuatro excomandantes militares.

Semejante “ofensiva judicial” no sólo ha puesto en evidencia el sometimiento de jueces y fiscales, sino que ha repuesto la confrontación que se supuso superada el 18 de octubre con la concurrencia a las urnas del 85% de la población votante. Quien mejor captó ese sentimiento político nacional de fondo fue el vicepresidente Choquehuanca, con esa frase que pudo ser célebre: “Los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas; ya no más judicialización de la política … ya no más abuso de poder, el poder tiene que ser para ayudar…”

El abuso y el atropello no combatirán la impunidad. Si efectivamente buscamos la verdad y la justicia, tienen que investigarse todas las conductas presuntamente delictivas, pero no buscando venganza y, menos, con la finalidad pequeña de resolver fisuras internas en la estructura de gobierno. La confrontación no es escenario para enfrentar las crisis que nos están golpeando, peor si frente a ellas, y después de cinco meses, la mediocridad y el corto alcance gubernamental son evidentes.

Por eso la propuesta de diálogo efectuada por Comunidad Ciudadana (CC) es acertada y debería ser uno de los ejes para restablecer el sentido común en la vida pública. Las “Bases para la reconciliación” de CC apuntan a “superar la confrontación (…) para resolver nuestros grandes problemas”, y para ello se propone la renovación del Poder Judicial, desactivar el atropello,“…viabilizando y apoyando la investigación y juzgamiento (…) de todos los hechos de violencia…”.

Hay errores de forma en la “propuesta de diálogo”, ya que está dirigida a todos y a nadie y no fue previamente concertada, pero lo que interesa es el fondo, donde el planteamiento básico es el de retomar de inmediato la reforma judicial como eje de la pacificación. Ahí el acierto de la “propuesta” y también ahí sus dificultades: ¿Primero se cambian los magistrados y los jueces y después se enjuicia? Para nuevos jueces supremos se requieren nuevas elecciones judiciales o reforma de la Constitución. ¿Qué ocurre mientras tanto con los juicios iniciados? Para eso es pues el “diálogo”, para encontrar caminos previos o alternos pero convergentes y, sobre todo, para restablecer el sentido común de la gobernabilidad nacional, porque de lo contrario todos, gobierno y oposición, estaremos en callejones sin salida, porque la polarización no puede ser indefinida, y la visión de “vencer al otro” tendrá un costo peligroso para la estabilidad democrática, único escenario para vislumbrar el mediano y largo plazo.

Y esos plazos mayores suponen retomar consciencia de lo ocurrido en estos años. El 21-F reveló que después de una década, el “proceso de cambio”, como ciclo estatal, estaba empantanado por la corrupción, el autoritarismo y el extractivismo improductivo; el 20 de octubre de 2019 quedó evidenciado que la ruptura de la CPE y el fraude habían rebasado la soportabilidad social;  el lamentable gobierno transitorio y las elecciones del 2020 dieron cuenta de la carencia opositora de visiones estatales diferentes.

Ese el fondo más estructural de la crisis, agravada por la pandemia y ahora por las confrontaciones, que explica más y mejor la complejidad actual y sus desafíos estructurales: o el MAS se refunda y retoma sus contenidos iniciales, o se genera otra opción política que, desde la sociedad, muestre un camino estatal alternativo. El diálogo debería establecer y consolidar un escenario pacífico y democrático para una u otra posibilidad, porque sin visión estatal renovada o alternativa, todos los caminos serán peligrosos callejones sin salida.

  Juan Del Granado  es abogado, fue parlamentario y alcalde de La Paz.