Un perverso plan de venganza está aplicando la justicia obediente del MAS para castigar a quienes osaron reemplazar al cocalero Morales cuando había huido con su vice y sus ministros se había refugiado en embajadas. Cuantas menos esperanzas tiene el cocalero de volver a la presidencia, ni ahora ni en 2025, más perversa es la represión, que avanza sobre civiles y militares sin freno. Esta represión será recordada porque por primera vez en la historia del país, y de América latina, los agentes de la venganza llegaron a secuestrar a niños y niñas para obligarles a decir dónde estaban sus parientes. Nunca, ni siquiera en las dictaduras de García Meza ni de Banzer, se había llegado a este extremo. Los niños no fueron incluidos en las redadas. Es el aporte de Quintana, un exoficial del ejército. Ni siquiera Luis Arce Gómez, que llegó a extremos de perversión, se atrevió a violar los derechos de los niños. El problema mayor que tiene este plan es que, de veras, no hay posibilidades de que el cocalero retorne a la presidencia. Cuando huyó el 11 de noviembre de 2019 estaba cortando, para siempre, una dictadura que él hubiera deseado que durase como las de Vladimir Putín o Xi Jimping: hasta 2035, por lo menos. Pero su cobardía pudo más que su cálculo político y que las recomendaciones que le llegaban del “eje de las autocracias”, como ha definido Joe Biden la semana pasada al grupo que hasta hace poco era llamado la “transnacional del crimen organizado” y antes era conocido como el “socialismo del siglo XXI”. Esas recomendaciones le decían que debía mantenerse en el cargo sin importar cómo. Si era preciso desobedecer un referéndum, había que hacerlo por el bien del eje. Si había que acomodar los resultados electorales, había que hacerlo para garantizar el continuismo. Ahora, por lo tanto, el plan de agota en un enfermizo afán de venganza. Castigar a la señora Jeanine Áñez, cuyo único pecado fue aceptar una sucesión constitucional que le ofrecía el Parlamento dominado por el MAS, es el mayor logro de esta plan de venganza. Ella osó ocupar la silla que el cocalero hubiera querido tener durante décadas. Y se sabe cómo fueron planificados los hechos de Senkata y Sacaba, con detalle del calibre de las balas, y el sentido que llevaban. El castigo a los militares es el más abusivo que se conozca en la agitada historia boliviana. Pero lo que no les cuece a los que manejan este plan de venganza es que el cocalero no podrá recuperar la presidencia. Si el TSE cumple la orden de la ley 1266, del 24 de noviembre de 2019, aprobada por el Parlamento masista y promulgada por la señora Áñéz, deberá corregir el padrón electoral repleto de trampas. Y en ese caso, el cocalero, de veras, jamás volverá a la presidencia. No importa cuánta saña y cuanto sadismo apliquen en la venganza. Nunca más.