La justicia electoral de Bolivia sancionó a un partido con el pago de 35 salarios mínimos por incurrir en hechos de acoso y violencia política contra una candidata suya al concejo municipal de una jurisdicción rural.

Es "la primera vez" que se produce una decisión de esta naturaleza en el país contra una organización política en carrera "por atentar contra el ejercicio de los derechos políticos de una candidata", señaló ayer el organismo electoral en un comunicado.

Los 35 salarios mínimos nacionales equivalen a más de 10.000 dólares que la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, deberá cancelar como multa tras la denuncia que planteó Hebelina Chambi por violencia y acoso político.

"La víctima gozará de medidas de reparación a fin de restaurar sus derechos políticos como autoridad electa", añade.

Chambi Humerez fue inscrita por ese partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como primera candidata a concejala para la alcaldía de Coroico, una población 102 kilómetros al noreste de La Paz.

LA RESOLUCIÓN

El veredicto del juez electoral establece que el partido señalado "debe garantizar la no repetición o reiteración de los actos de violencia", bajo la advertencia de recibir otras sanciones.

No obstante a esto, la justicia electoral determinó "una investigación sobre los hechos cometidos en la vía penal" por lo que los antecedentes del caso fueron puestos a consideración de la Fiscalía General.

Las sanciones dictadas por el juez electoral se enmarcan en el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones que indican que funcionarios públicos y miembros de las agrupaciones políticas inscritas deben proteger "los derechos políticos de las mujeres durante los procesos electorales".

Los hechos fueron valorados en el marco del proceso electoral de los comicios subnacionales, para la elección de autoridades municipales y gobernaciones, celebrado el pasado 7 de marzo y concluirá con las segundas vueltas en las gobernaciones de cuatro departamentos.

Chambi figura en la página sobre Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En 2009 presentó una acción de amparo constitucional denunciando haber sido presionada psicológica y moralmente a firmar su carta de renuncia como concejal de Coroico. En ese entonces, el juez le denegó la acción.