Como alguien decía, "es más fácil hacer agrupaciones ciudadanas y muy difícil hacer partidos políticos", y el hecho se desprende de la vigencia de una disposición que por cierto tipo de presiones "grupales" que se mostraban afines a ciertos partidos, se les permitió entrar en la lista de lo que también se denominó como "movimientos ciudadanos", una especie de clubes de variada ocupación en pos de algunos sitios especiales en la administración pública, pero de manera casi general, carentes de principios formales relacionados con principios y valores ideológicos. Estos grupos entraron también en algunos periodos, en la lista de los "parapartidos", una insinuación muy clara de su verdadera intencionalidad organizativa.

Frente a una serie de distorsiones que disminuyeron el sentido, la calidad y la responsabilidad de los verdaderos partidos políticos, es que los que pocos que mantienen sus registros y se consideran tales, exigieron medidas que devuelvan principalmente al electorado, la confianza que pueda rescatarse de un partido que funciona bajo normas de respeto a la democracia, la justicia, los derechos y las libertades ciudadanas.

Pero por razones especiales y frente a la contingencia de un "alboroto de políticos", cuando el actual Gobierno decidió suspender la otorgación del Estado de una subvención para que los partidos puedan costear parte de sus presupuestos de propaganda, la cosa cambió y desde entonces todavía se trata el tema, aunque ahora en la instancia del TSE, que plantea un apoyo a la propaganda electoral en medios de comunicación de manera equitativa para los partidos que se presenten legalmente en los futuros procesos electorales. La propuesta consigna un sistema mixto proveniente por una parte del sector privado con algunas regulaciones y otra parte con una cuenta pública o dicho de otro modo, con un soporte oficial. La propuesta añade una opción que beneficiará al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), pues los medios de comunicación que se habiliten para la difusión de propaganda política, cederán gratuita y obligatoriamente al organismo electoral, la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate. 

Lamentablemente, tal parece que las normativas que están propuestas a la Asamblea Legislativa no tendrán aún vigencia en el próximo proceso electoral del año venidero ya que una disposición transitoria exige la actualización del registro de militancia para organizaciones políticas que entrará en vigencia, recién el año 2021. Otra disposición señala que los partidos políticos que cuenten con personería jurídica reconocida por el OEP deben adecuar sus documentos constitutivos en un plazo hasta de dos años a partir de la promulgación de la ley.

De manera que para la elección venidera, los partidos políticos se las arreglarán como puedan para costear sus gastos de propaganda, porque no tendrán partidas financieras, en clara desventaja con el partido oficialista que dispone de varios medios bajo su control. Los partidos políticos esperan que se apliquen "medidas transitorias" para equilibrar los derechos de promoción de los frentes políticos.