Semana de transición en política que fue de menos a más y que ha acabado con sorpresas en las propuestas legislativas presentadas para enfrentar los temas más polémicos que le quedan en la agenda antes de volcarse en las campañas electorales que ya se avecinan.

La Gobernación de Tarija intenta ordenar su segunda parte de la legislatura concentrada en la “reactivación del departamento” y en darle un tono más amable después de la crispación de la primera mitad. El acuerdo con los alcaldes y subgobernadores opositores en base a la agenda de obras destrabadas con los diferentes fideicomisos y préstamos solicitados le permite cierto oxígeno. Igualmente, el progresivo incremento del precio del petróleo y el cierre de algunos proyectos ha dado holgura financiera. La mayor oposición le sigue llegando desde los ex aliados políticos que pelean el mismo espacio de votos para el futuro, sin embargo los argumentos se van quedando escasos.

La otra buena noticia para la Gobernación es que el foco de interés noticioso se centra cada vez más en la Asamblea Legislativa Departamental donde se deben tratar al menos dos leyes relevantes y con trascendentes repercusiones políticas.

La primera es la Ley Electoral, pero va inevitablemente soldada a los acuerdos que los asambleístas puedan hacer sobre la Ley que necesariamente consolidará el proceso autonómico o lo hará fracasar: La Ley del 45 por ciento, que va camino a transformarse en una Ley de Pacto Fiscal Departamental.

La Ley Electoral equilibrará las fuerzas en la Asamblea Departamental actualizando los datos. Todas las provincias han perdido población en relación a Cercado, pero todas han ganado peso político por la apuesta del MAS de descentralizar el poder. Con la decisión más o menos tomada de cumplir la resolución del Tribunal Constitucional y volver a convertir a los subgobernadores como figuras prácticamente decorativas, el poder se lo repartirán alcaldes y asambleístas. Nadie va a querer perder curules pese a las evidencias.

Mientras se calienta ese asunto se negocia por debajo la Ley del 45 por ciento que Evo Morales dijo que no era un asunto nacional, aunque la Ley 3038 sí lo es, y por tanto la Comisión de la Asamblea Plurinacional devolvió el proyecto de Ley a Tarija. Nadie quiere abrir el melón, pero todos saben que será inevitable.

El asunto es un tema de partido. Concretamente del MAS. El Chaco, gobernado por el MAS, ya ha advertido que llegará hasta las últimas consecuencias para defender su 45%, piedra angular de su singular Autonomía Regional. Las provincias productoras Arce y O´Connor, también gobernadas por el MAS, no quieren excusas y los “mediadores” de la Asamblea, zona alta y Uriondo, también del MAS, analizan fórmulas para el “ganar – ganar”. La última propuesta de repartir toda la renta entre municipios marginando a la Gobernación es poco realista, pero viniendo del riñón del partido de Gobierno todo es posible.

Por el momento no hay un consenso al respecto de la forma de actuar ni de los plazos. La ex presidenta Sara Armella señaló que se remitiría el documento al Tribunal Constitucional para que dirima de quien son las competencias, puesto que la Ley que actualmente regula el reparto de regalías es nacional y las Asambleas departamentales no tienen competencias para modificar esos temas.

El Pacto Fiscal, a la espera del Nacional

El Gobierno no ha convocado al Consejo Autonómico desde enero y por tanto, ha dejado inconclusa la resolución de los diálogos del Pacto Fiscal Nacional. La Ley Marco de Autonomías obliga a encontrar un consenso, también el reglamento, y las Gobernaciones vinculan ese consenso a abrir la mano con la coparticipación tributaria, que actualmente no les toca. Desde la Gobernación de Tarija se plantea iniciar el debate departamental una vez se logre concretar el pacto nacional.