“Lo que está en juego otra vez, no son meros juicios penales de escarmiento y venganza, sino la imperiosa necesidad de conservar las libertades, la democracia, restablecer la verdad de los hechos y alcanzar la justicia que nos permitan finalmente establecer aquellas condiciones de pacificación, reencuentro nacional que nos liberen de las tentaciones autoritarias y violentas que quieren volver a imponerse”, señala el comunicado firmado por la presidenta de la Asamblea, Amparo Carvajal. 

De acuerdo al documento, ya no se trata únicamente de una mera disputa coloquial o discursiva acerca de si fue “fraude o golpe de Estado” lo que ocurrió en noviembre de 2019, que terminó con la renuncia a la presidencia de Evo Morales y su huida hacia México.

“El gobierno actual y el MAS ya han decidido establecer como versión histórica oficial de los hechos, que lo que sucedió fue un golpe de Estado. Eso se puede comprobar por ejemplo en el último Decreto Presidencial 4461 de amnistía e indulto, mismo que además está dirigido a mantener y proteger en la impunidad a todos los actos violentos, criminales y de lesa humanidad que cometieron sus autoridades y grupos afines; al mismo tiempo de dejar sin efecto una investigación internacional independiente propiciada por la CIDH, que podría ayudar a esclarecer transparente e integralmente todos los hechos sucedidos”, se lee en el comunicado.

El 23 de marzo, el ministro de Justicia Iván Lima, dijo que el gobierno no acatará el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI de la CIDH) en el caso de que resulte “arbitrario”, a los ojos del Ejecutivo, y no se adecúe a la normativa boliviana, bajo la que se investiga los hechos ocurridos en 2019.

La APDHB reitera que la Policía y las FFAA no solo defendieron al pueblo ante el inminente riesgo de que se imponga la violencia y el enfrentamiento fratricida entre bolivianos que amenazaba sobrepasar a las fuerzas del orden, sino también a la Constitución, la democracia y el estado de derecho, que también corrían el riesgo de “ser sepultadas por la violencia instruida, en el intento de reponer un régimen autocrático”.

El 11 de marzo, Carvajal fue criticada por llamar a la sociedad, por medio de la APDHB, a “defender” a la Policía y Fuerzas Armadas, que “salieron a defender al pueblo en los acontecimientos de 2019”.

Recordó que, por esa fecha, el pueblo movilizado estaba defendiendo y buscaba recuperar pacíficamente la democracia, “mientras los grupos masistas desataron la violencia y los ataques criminales pretendiendo recuperar el poder”. 

Por tanto, dijo, la policía y las FFAA estaban dando un estricto cumplimiento al mandato constitucional y “no eran parte de ningún tipo de golpe de estado como se quiere hacer creer”. 

Aclaró que al hacer el llamado a defender a la Policía y a las FFAA, “no se está defendiendo el uso de la violencia, ni los abusos tan comunes en esas fuerzas represivas, se está defendiendo la democracia, la Constitución y la necesidad de vivir en un estado de derecho, contra el intento criminal y autoritario que quiere borrar y hacer desaparecer los verdaderos hechos sucedidos en la crisis político democrática desatada como resultado del fraude electoral y el intento de burlarse nuevamente de la voluntad soberana, con la aviesa intención de imponer la idea del golpe de Estado”. 

Sectores sociales, cívicos, académicos y políticos de oposición rechazar la versión del gobierno y su intención de pretender imponer que en noviembre ocurrió un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Señalan que hubo un fraude electoral cometido por el gobierno del MAS y lo que pretenden con la narrativa del golpe es dejar en la impunidad los actos de violencia cometidos por el gobierno de Evo Morales.

La Asamblea de Derechos Humanos también alerta sobre la intención del MAS de “transformar” a las FFAA para hacerlas más dóciles en el manejo de sus intereses partidarios. Una muestra de ello, señala el documento, es la alocución realizada por Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia del MAS, en el Chapare, “cuando reclamaba la urgente necesidad de transformar a la Policía y las FFAA ´para que nunca más actúen como lo hicieron’" en noviembre de 2019 al dar el supuesto golpe de Estado.

“Y se conviertan en dóciles instrumentos del gobierno y del poder. Por tanto, cuando se instauran los juicios contra policías y militares, es claro que ya han iniciado ese proceso de sometimiento para que respondan exclusivamente a sus intereses de poder, estableciendo un precedente de escarmiento a partir de los actuales enjuiciados”, refiere el documento.