No habrá posibilidad de resolver la dicotomía fraude-golpe. La defensa de esas versiones está tan acentuada en el país, que implica la convicción ideológica misma. Sin embargo, en algún recóndito espacio de la sensatez intelectual duerme la verdad histórica de los hechos, que tiene que imponerse a las narrativas.

La caída de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la autoproclamación de la otrora senadora de minoría Jeanine Áñez dos días después tienen antecedentes políticos para repasar. Aquí, un intento de argumentar por qué en la crisis poselectoral de 2019 hubo siquiera una ruptura constitucional, para hacer un eufemismo del temido “golpe de Estado”.

La posibilidad de fraude ya fue instalada meses antes de las elecciones. Lo señalaban políticos de oposición. Entre agosto y septiembre, un importante funcionario de Estados Unidos propagaba que “el 72% de los bolivianos cree que habrá fraude”. ¡Una encuesta!

La descalificación de los resultados electorales, el 20 de octubre, no tuvo camino más expedito. Bastó un oficioso informe adelantado de la misión de observadores de la OEA, que denunciaba el parón del TREP, sistema de conteo rápido oficial pero no vinculante, para generar la convulsión. Al llamado del entonces candidato Carlos Mesa, que pidió hacer vigilias en los tribunales electorales, cinco de ellos ardieron la noche del 21 de octubre.

Luego ocurrieron los “21 días” de paro convocado por el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El líder cívico cobró protagonismo, al punto de nublar a los políticos de oposición. Con él comenzó el quiebre constitucional, como lo delataron después sus acciones.

El 2 de noviembre, en un multitudinario cabildo en Santa Cruz, anunció el “punto final” de Morales, a quien le conminó a renunciar en 48 horas. ¡Invocó a las Fuerzas Armadas!

Había “atendido” un pliego de los policías.

El 8 de noviembre, los policías comenzaron un motín en Cochabamba.

Luego de varios días de movilizarse con la protección de algunos miembros de la Policía en La Paz, el 10 de noviembre irrumpió —junto al dirigente cívico potosino Marco Pumari y el abogado Eduardo León— en el Palacio de Gobierno, en cuyo hall plantó la Biblia.

La madrugada de ese domingo, la OEA adelantó cuatro días su informe preliminar. Para entonces, Luis Almagro ya había consumado su estrategia iniciada en mayo, cuando para ganarse la confianza apoyó la repostulación de Morales: instalar la misión de la OEA.

Cerca de las 16.00, las Fuerzas Armadas sugirieron la renuncia de Morales, quien lo hizo en Chimoré a las 16.52. Al día siguiente partió a México y se abrió el desgobierno.

La noche de la renuncia, Áñez ya se sentía sucesora. Al día siguiente, el 11, conminó en un video a las Fuerzas Armadas a salir a las calles, lo hizo atribuyéndose el cargo de “presidenta de la Cámara de Senadores”.

Ese día también había comenzado un diálogo ajeno a la Asamblea Legislativa, en la Universidad Católica, con el plan de Áñez sucesora listo (decisión lo más cercana posible a la Constitución, como dijo Waldo Albarracín), a pesar de que Mesa pedía garantías para la instalación de una sesión legislativa con el fin de evitar que el MAS tenga argumentos para denunciar golpe de Estado. Mientras, Jorge Quiroga y su abogado Luis Vásquez urdían —según denuncias— una posición sobre la situación de parte del Tribunal Constitucional.

Al final, no fue auto ni declaración constitucional, sino un simple comunicado sin firmas sobre una eventual sucesión “ipso facto”. Áñez usó ese texto para proclamarse primero titular de Senadores y luego presidenta del Estado, en sendos actos que duraron 11 minutos y 20 segundos, sin resolución que la valide, sin quórum, sin la presencia de la mayoría. Minutos después, en un ambiente del Palacio Quemado, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le puso la banda.

 Rubén Atahuichi es periodista.