La mentira y el engaño como estrategia política no es un fenómeno nuevo. La idea de que los políticos mienten ha sido históricamente parte del conocimiento popular, motivo de chistes, portadas de diarios, comentarios de pasillo, etc.

Que los políticos mienten es una certidumbre colectiva que constatamos a diario y, desde hace unos meses, de manera sistemática en Bolivia, donde el partido gobernante y el Gobierno intentan imponer la fantasía de un “golpe de Estado”, que no hubo, para tapar el oprobio del fraude electoral de 2019. E insisten en calificar de “de facto” al Gobierno transitorio –que asumió el mando del país como resultado de una sucesión constitucional que niegan– además de atribuirle la responsabilidad de todas las crisis que vivimos, evitando así la que tienen en aquellas cuyo origen se remonta a la administración de Morales.

La mentira como parte de la estrategia política para acceder al poder, conservarlo, tomar ventaja sobre el rival, eludir responsabilidades y disimular errores y actos de corrupción es objeto de numerosos estudios y ensayos académicos. Y es tan frecuente y fehaciente que el ciudadano común ha desarrollado una tolerante habilidad para discernir lo cierto de lo falso en el discurso de los políticos.

Pero hay una dimensión de esa práctica que rebalsa el ámbito de la política interior y puede tener consecuencias perjudiciales para el país, especialmente cuando se trata de temas de importancia mayor para el Estado y que involucran a actores extranjeros.

Y en esa dimensión están, precisamente, las falsedades manifestadas por el presidente Luis Arce, hace pocos días en México, cuando se refirió al litio del salar de Uyuni y aseguró que el objetivo económico del supuesto golpe de Estado de 2019 era el control de ese recurso e insinuó que la empresa estadounidense Tesla Motors habría sido parte del mismo. Esa y otras cuatro mentiras sobre el tema no solo desinforman a la población, como lo constata un analista económico citado por Los Tiempos en un artículo publicado ayer, sino que dan una imagen poco confiable de la administración gubernamental boliviana.

Esa confianza es esencial si el Gobierno pretende atraer inversiones extranjeras para industrializar ese valioso recurso del cual Bolivia es el poseedor de las mayores reservas en el mundo.

En las circunstancias económicas actuales, en las que la reactivación es incierta debido a la contracción mundial resultante de la pandemia, el Estado cuenta con menos ingresos por la reducción de las exportaciones de gas, cuyas reservas podrían ser insuficientes incluso para el consumo interno en un par de años más, la importancia de las inversiones extranjeras es imprescindible para trasformar el litio del salar de Uyuni en recursos monetarios.

Sin confianza no hay inversiones y las mentiras oficiales perjudican al país.