La encarcelación de la expresidenta del Gobierno transitorio, como parte sobresaliente de la persecución judicial de exautoridades civiles y militares que ejecuta el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha puesto en tal evidencia el sometimiento de la administración boliviana de justicia, que el país está nuevamente bajo la mirada de organismos internacionales y Gobiernos extranjeros que manifestaron su preocupación por lo que ocurre en Bolivia.

La última manifestación de inquietud acerca de “los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia a la luz del reciente arresto y encarcelamiento preventivo de exfuncionarios del Gobierno interino”, procede del Secretario de Estado de Estados Unidos, que se expresó sobre las ilegales acciones judiciales impulsadas por el MAS y por el Gobierno, en un pronunciamiento hecho público ayer, y en esos precisos términos.

Esa “politización del sistema legal”, el Gobierno la ejecuta sin disimulo ni preocupación por los daños que representa para la democracia boliviana. El juicio, en cuyo marco está encarcelada la expresidenta, es penal y no de responsabilidades, como corresponde a un exjefe de Estado, “porque no tenemos (el MAS) dos tercios en la Asamblea y hay que armar un caso y no se puede ir con una acusación tan grave el primer día”, admitió hace días el Ministro de Justicia en una entrevista radial.

Es claro que la voluntad política del partido gobernante se traduce en una persecución dirigida por autoridades del Poder Ejecutivo y ejecutada por jueces y fiscales. Jueces y fiscales que tuercen las leyes —o directamente las omiten— para los propósitos políticos del oficialismo. Y los que no se prestan a esos fines, por escrúpulos y profesionalismo, son sancionados, como la jueza sucrense que fue suspendida por negar la detención preventiva del líder de una agrupación cochabambina, activa durante la convulsión poselectoral de 2019.

Las acciones judiciales instrumentadas por el Gobierno no respetan el debido proceso, omiten la ausencia de pruebas preliminares para acusar e ignoran la constitucional presunción de inocencia de los acusados cuando son opositores.

En contrapartida, los masistas presuntos responsables de hechos delictivos y de violencia perpetrados en los días de la crisis de octubre-noviembre de 2019 y las movilizaciones realizadas durante el gobierno transitorio son amnistiados. Y los enjuiciados por el fraude electoral, sobreseídos y sus casos archivados.

El franco sometimiento de la justicia al poder político no es algo nuevo en el país. Y corresponde a un claro propósito de imponer la hegemonía ideológica del MAS, sin que importe la vigencia del Estado de derecho, fundamento de la democracia y condición esencial para la paz social, en cualquier país.