Casi al mismo tiempo fueron conocidos los resultados de un estudio internacional que califica a la justicia de Bolivia como la segunda peor de Latinoamérica, por detrás de la de Venezuela. Dicho estudio fue elaborado por la organización World Justice Project (WJP) con 100.000 encuestas a hogares y más de 2.700 entrevistas a docentes expertos en derecho y abogados. A escala global, la justicia boliviana ocupa el puesto 104 de 113, por debajo de naciones como Nigeria, Bangladés y Honduras. La corrupción, un estado de derecho eludido a menudo y un sistema judicial débil e ineficiente, son señalados como sus males principales junto a la retardación de los fallos y la falta de independencia, transparencia e imparcialidad. "La justicia en Bolivia está podrida", sentenció en enero de 2016 el vicepresidente Álvaro García Linera mientras que, en 2015, el presidente Evo Morales la calificó como “lo peor" de su gestión de Gobierno. 

La mala imagen que proyecta la justicia boliviana es de todas las épocas y de todos los regímenes gobernantes. Cuando arrecian diversos cuestionamientos y se plantean razonables dudas, el 3 de diciembre próximo se llevará a cabo una nueva elección de autoridades judiciales a través del voto ciudadano. En octubre de 2011 fracasó rotundamente un proceso similar porque no fueron aplicadas pautas meritocráticas en la selección de candidatos elegidos para cumplir las altas funciones judiciales, tal como lo cuestionó en su informe anual la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Una nueva elección de magistrados como la que se avecina no resolverá el problema de fondo, aunque el Gobierno cree todo lo contrario. Para superar la crisis estructural de la justicia en Bolivia y superar la pobre valoración que se hace de ella, hace falta consolidar la independencia judicial y la implementación de todas las reformas que sean necesarias. Porque la justicia y su administración van de mal en peor en el país, su cambio radical es una de las demandas principales que responde al clamor ciudadano.