En el ocaso del martes 12 de noviembre de 2019, el interior del hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estaba casi vacío, aunque externamente estaba fuertemente custodiada por policías y militares impidiendo el ingreso de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) para sesionar. En este ambiente desolador, la entonces senadora Jeanine Áñez, que minutos antes se autonombró presidenta encargada de la Cámara de Senadores, leía los dizque argumentos jurídicos que —según ella— le allanaban el camino a la presidencia de Bolivia. El reglamento de debates del Órgano Legislativo prevé dos tercios de los parlamentarios para rechazar o no la carta de renuncia presidencial de Evo Morales —y/o de sus sucesores constitucionales—, pero se soslayó este procedimiento constitucional que desembocó en un golpe de Estado.

Esta descripción de estos hechos se ajusta a lo sucedido en esa jornada aciaga para la democracia boliviana que luego de 17 años interrumpidos de gobiernos constitucionales experimentaba un quiebre democrático. En rigor, los actos cometidos por la exlegisladora beniana en ese martes aciago, emparentados con lo que establece la Carta Magna, dan cuenta de que hay indicios de culpabilidad referidos al delito de sedición, o sea, atentar al orden establecido.

En las últimas semanas, se habla —a mi juicio— inequívocamente de una disputa de narrativas: fraude/golpe de Estado. Se confunde la verdad histórica de los hechos con la narrativa. La primera es parte de la jerga jurídica para dar cuenta de que los hechos se deben valorar/ cotejar en función de las normas legales vigentes. Y la narrativa es una simple narración de los hechos que tienen cierto grado de veracidad, pero también son “inventivas” porque tienen el afán de legitimar/justificar una determinada acción.

Bajo estas aclaraciones insoslayables, se amerita realizar disquisiciones con relación a los hechos producidos en el atardecer de aquel martes en el hemiciclo parlamentario. A partir de la detención de la expresidenta acusada por sedición y terrorismo, sectores golpistas (operadores y analistas políticos) están tejiendo una narrativa en torno a la sucesión constitucional. Apelan a argumentaciones insostenibles jurídicamente para justificar la elección de Áñez. Algunos dicen que existió una movilización ciudadana indignada por el dizque fraude electoral que tampoco no demostraron legalmente.

La acción de los golpistas de soslayar la verdad histórica de los hechos sirve para legitimar/justificar la ruptura constitucional, es decir, para otorgarle un “barniz legal”, característico de los nuevos golpismos en América Latina, a la ruptura constitucional. Esta insostenibilidad de sus argumentos jurídicos (vrg. comunicado de los obispos en su intento de justificar la dizque sucesión presidencial y rechazando la versión del golpe de Estado, aluden a una sentencia constitucional de 2001, pero se olvidan que, desde 2009, hay una nueva Constitución, y, por lo tanto, nuevas rutas constitucionales para la sucesión presidencial) solo busca configurar otro relato: la narrativa de la impunidad.

Entonces, el propósito negacionista del golpe de Estado es para evitar que los promotores/ ejecutores de esta estocada a la democracia boliviana salgan ilesos de cualquier procesamiento jurídico en nombre de la “reconciliación” y la “pacificación” del país. En el fondo, esta narrativa de la impunidad propalada por los golpistas es un amedrentamiento mafioso. Solo un clan mafioso amenaza: si nos procesan y nos juzgan, nosotros convertiremos, en este caso a Bolivia, en una Troya.