Si rige el financiamiento mixto, una vez que se apruebe la Ley de Organizaciones Políticas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pondrá en marcha la unidad de Coordinación con las Organizaciones Políticas.

Así lo señaló el vicepresidente del TSE, José Luis Exeni, quien además dijo que se relanzará el Instituto para la Democracia Intercultural (IDI), instancia que articulará todos los programas de formación y capacitación política.

La norma propone que el fortalecimiento público, con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y administrado por el TSE, debe ser repartido en un 60% en condiciones de igualdad, es decir en partes iguales entre todas las organizaciones políticas que presenten candidaturas.

El 40% restante se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por la organización política o alianza en la última elección.

Presupuesto

Exeni informó que la norma establece que el TSE, para cumplir con dicho financiamiento (del 60% y el 40%), incluirá en el presupuesto para el proceso electoral correspondiente un 20% adicional, monto que deberá ser desembolsado antes de la convocatoria a elecciones.

Mientras que en año no electoral se solicita “un presupuesto equivalente a la cuarta parte del total asignado al fortalecimiento público en el período del último proceso electoral de alcance nacional”.

Con esta modalidad, según Exeni, se garantizará el acceso a los medios de comunicación mediante spots televisivos, cuñas radiales y franjas en medios escritos, afiches, propaganda electoral.

“Cada organización política definirá su estrategia, pero no se les entregará ni un boliviano”, remarcó.

En períodos no electorales se efectuarán programas de formación y capacitación con contenidos relacionados con la plurinacionalidad, la interculturalidad, la equivalencia de género, la equidad intergeneracional y programas específicos para mujeres, indígenas y jóvenes líderes.

Todo esto, afirmó Exeni, está vinculado a un mecanismo muy riguroso y transparente de fiscalización y rendición de cuentas.

El proyecto de ley determina los gastos de cada organización política en la contratación de medios de comunicación para campaña y propaganda electoral con recursos privados. “No podrán superar el 35% del monto destinado por el Tribunal al fortalecimiento público en período electoral”.

Además, las organizaciones políticas deben establecer internamente la distribución y uso de los tiempos y espacios que les correspondan para propaganda en medios de comunicación, con el fin de promover todas sus candidaturas: el 50% del tiempo y espacio para el binomio presidencial y el 50% restante para las demás candidaturas.