José Orlando Peralta Beltrán  Cientista político Latinoamérica21

La instrumentalización política del poder judicial ha sido una práctica recurrente de todos los gobiernos en Bolivia. El país ha quedado atrapado en un círculo vicioso: el abuso permanente del Estado contra el individuo. Actualmente, con el Gobierno de Arce, nadie está seguro y muchos desconfían de la promesa de “un nuevo tiempo”. 

El vicepresidente, David Choquehuanca, en su discurso inaugural anunció: “Debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política”. Sin embargo, tras cuatro meses en el poder sus acciones no han hecho más que contradecir el discurso.

Con base en la presuposición del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre del 2019, el Gobierno   ha construido un relato para justificar sus acciones. Con acusaciones de “sedición, conspiración y terrorismo”, la expresidenta Jeanine Añez fue detenida el sábado 13 de marzo con un gran despliegue de la policía bajo la dirección su comandante general, como si se tratara una delincuente peligrosa. 

El fin del Gobierno era demostrar a la opinión pública una suerte de trofeo de guerra y que nuevamente tienen el monopolio de la violencia legítima para arremeter contra los enemigos políticos. 

Un tuit de Evo Morales ilustra la concepción política predominante en el MAS: “Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”.

¿Por qué la aprehensión de la expresidenta  Añez se basa en una presuposición?

Noviembre del 2019 no se puede entender sin febrero del 2016. Desde el 21 de febrero del año 2016, cuando se celebró el referéndum donde la mayoría rechazó la cuarta postulación de Morales, hasta el 10 de noviembre de 2019 cuando Evo renuncia a la presidencia, se sucedieron una serie de acontecimientos sociopolíticos y la acumulación del malestar social contra la corrupción y autoritarismo de la tercera administración consecutiva del MAS. 

Las irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes, durante y después de las elecciones del 20 de octubre del 2019, denunciadas por la misión de observación electoral de la OEA, fueron la chispa que prendió el encono colectivo acumulado. En otras palabras, se trató de una rebelión ciudadana, surgida en el departamento de Santa Cruz y que se expandió a todo el país, contra el poder autoritario y la manipulación de un proceso electoral.  

Ante las protestas, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo, a lo que le sucedieron una cadena de renuncias de senadores y diputados del MAS. Esto generó un vacío de poder por 48 horas que desembocó en que   Añez, en su condición senadora opositora –segunda vicepresidenta– fuera convocada para asumir la presidencia mediante la aplicación del principio de continuidad administrativa. 

El hecho de que Morales renuncie a la presidencia por sugerencia de los militares es la base para fundamentar la idea de golpe de Estado. Sin embargo, el discurso niega visibilidad a la rebelión ciudadana y lo sucedido tras la transición constitucional donde los militares quedaron en sus cuarteles, el Parlamento siguió cumpliendo sus funciones y se convocó a nuevas elecciones, suspendidas dos veces a causa de la pandemia. A raíz de esta sucesión de hechos, el propio Luis Arce, en mayo de 2020, cuando era candidato presidencial, consideró a Añez como “presidenta transitoria constitucional”.  

Según el experto boliviano en derechos humanos, Luis Yañez, “existen cuatro evidencias concretas de que el nuevo Gobierno tenía un origen constitucional y no así de facto”. En primer lugar, la Asamblea Legislativa Plurinacional –de mayoría masista– aprobó, por unanimidad la Ley N 1266 que dejó sin efecto los resultados del fraude y convocó a nuevas elecciones. Segundo, la Declaración Constitucional (001/2020) extendió el mandato de la presidenta y de los propios asambleístas. En tercer lugar la Ley 1270 también dispuso la extensión señalada y por último la bancada del MAS aceptó la renuncia de Morales al día siguiente. 

 
Ojo por ojo

La vorágine política provocada por las aprehensiones, justificadas ideológicamente en la falsa tesis del golpe de Estado y la “pasión por la justicia”, ha atrapado a Bolivia en un círculo vicioso bajo la lógica del ojo por ojo. Esto ha recrudecido la polarización social y ha abonando un terreno fangoso que hace más difícil la gestión pública en tiempos de pandemia.

En el gobierno interino de Jeanine Añez también hubo persecuciones y aprehensiones. Y la línea autoritaria del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, colaboró en la degradación de la democracia durante el año 2020. Pero no cabe duda que el actual gobierno del MAS está repitiendo el libreto de forma recargada. Confiado en su mayoría electoral (55%), considera que tiene luz verde para cometer atropellos a los derechos humanos en nombre de la verdad y para despreciar a la minoría opositora, así como vigilar y castigar al individuo. ¿Es esto democracia?

Cuando las acciones políticas están determinadas por presupuestos ideológicos y ánimos revanchistas, no existe espacio para el acuerdo y el respeto. El circulo vicioso del ojo por ojo atrapa a los gobernantes, y sus discursos, –basados en hipótesis sin fundamentos– se convierten en justificantes para prácticas abusivas contra sus enemigos políticos.

El arresto de la expresidenta  ha vuelto a remover el sistema político en tiempos de pandemia y ha reactivado la polarización discursiva que puede entorpecer la coordinación interinstitucional entre el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales autónomos recién electos y donde el MAS carece de músculo. Esto podría complicar la gestión pública para empezar a superar la crisis socioeconómica provocada por la pandemia en Bolivia.