Sin buscar terminar la discusión sobre los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, es necesario mencionar que éstos están entramados en diferentes contradicciones y cada una de ellas debe ser analizado en su contexto amplio y especifico. Hasta cierto momento octubre y noviembre de 2019 responden a la correlación de las fuerzas movilizadas del momento y al desgaste del gobierno del MAS, que se enmarcan en el cumplimiento de la voluntad expresada del 21F (Evo Morales no podía re postularse a un cuarto mandato), logra además la anulación de las elecciones del 2019 y la posibilidad de nuevas elecciones, hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, los hechos se complicarán con lo que pasará después.
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El desafío para salir de esta discusión es desmontar los discursos y hallar una tercera narrativa para explicar los hechos.
Sin buscar terminar la discusión sobre los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, es necesario mencionar que éstos están entramados en diferentes contradicciones y cada una de ellas debe ser analizado en su contexto amplio y especifico. Hasta cierto momento octubre y noviembre de 2019 responden a la correlación de las fuerzas movilizadas del momento y al desgaste del gobierno del MAS, que se enmarcan en el cumplimiento de la voluntad expresada del 21F (Evo Morales no podía re postularse a un cuarto mandato), logra además la anulación de las elecciones del 2019 y la posibilidad de nuevas elecciones, hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, los hechos se complicarán con lo que pasará después.
El triunfo auto determinativo del 21F, como la búsqueda del respeto a la institucionalidad democrática en Bolivia albergaba en su seno el germen de su propio fracaso y contaminación: cuando las FFAA piden la renuncia de Evo Morales (deliberando así en asuntos políticos), por la forma en que los principales actores políticos de la oposición: Tuto, Mesa y Camacho llevan adelante la transición del poder, este último incluso, en su momento, habló de una junta de gobierno de transición al margen de Asamblea Legislativa; todo esto llevará a que la asunción de Jeanine Añez no siga el procedimiento establecido en la Constitución, lo que incluso permite que el comandante de las FFAA le ponga la medalla presidencial y posteriormente las terribles masacres de Senkata y Sacaba, para asegurar la vigencia del Gobierno transitorio.
Es en ese contexto de corresponbilidad entre la oposición y la cúpula del MAS en que se realiza la transición del poder, que posteriormente será avalado por la Asamblea Legislativa con la aprobación de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales 2020, que implica la conformación de un nuevo Órgano Electoral para llevar adelante la convocatoria para las nuevas elecciones generales.
El gobierno de Añez no será muy distinto al gobierno de Morales, al vulnerar los derechos políticos de los disidentes, al instrumentalizar la justicia a su favor, al incumplir su palabra al entrar en la carrera electoral; por los hechos de corrupción lamentables (como los casos de Entel, YPFB, respiradores, etcétera).
Lo peor, llevará adelante una de las peores gestiones de gobierno, preparando así el mejor terreno para el retorno del MAS al poder en las elecciones del octubre de 2020.
En tal caso, tanto el gobierno de Morales y Añez y sus exministros deben ser procesados e investigados, en el caso de Añez, por los hechos de Senkata y Sacaba y los múltiples hechos de corrupción en su gestión.
Sin embargo, con la aprehensión de Jeanine Añez y sus exministros, el Gobierno central (los sectores sociales afines al MAS) y la oposición (Mesa, Camacho, comités cívicos, etcétera) empiezan a activar dos relatos políticos contradictorios para el país: el relato del “golpe de Estado” a secas y el relato del “fraude electoral” a secas, politizando al máximo los acontecimientos de octubre y noviembre y envueltos en una trama de significaciones.
Lo peligroso de estos dos relatos, por parte de los actores más radicales de ambos lados, es el intento de reducir todo lo que pasó antes y después de los acontecimientos de octubre y noviembre a una sola lectura e intentan llevar al país un escenario de polarización social muy peligro y que podría desatar los demonios escondidos de octubre y noviembre de 2019.
Por un lado, la narrativa del “golpe de Estado” intenta mostrar que las acciones de Evo Morales como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades cometidas por el MAS, el irrespeto al 21F, las anomalías en el proceso electoral del 2019. Por otro lado, la narrativa del “fraude electoral” intenta mostrar las acciones de la oposición política como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades en la asunción del Gobierno de Añez, las masacres de Senkata y Sacaba y los hechos de corrupción cometidos en la gestión de Jeanine Añez.
Ambos relatos, a secas son un problema, porque simplifican, hacen maniqueo el análisis y se alejan de la discusión sobre la integralidad del hecho.
El desafío para salir de esta discusión es el desmontaje de estos relatos excluyentes (golpe y fraude) que solo beneficia a la actual clase política (a posiciones autoritarias y conservadoras de ambos lados), entonces existe la necesidad de una tercera narrativa (o más) que disputen (o en su caso concilien) la explicación de los hechos políticos de octubre y noviembre de 2019.
