La expresidenta transitoria Jeanine Áñez enfrenta siete procesos desde que fue detenida el 14 de marzo dentro del proceso de presunto “golpe de Estado” en 2019, cinco de ellos se tramitan para ir a un juicio de responsabilidades y dos ante la justicia ordinaria. 

La Fiscalía General del Estado ya inició una investigación penal en cuatro de las cinco proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades, y fueron avisadas a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, que hace de contralor de la investigación.

Los fiscales, dentro de un plazo de 30 días, deben emitir un requerimiento conclusivo de acusación o de rechazo de la denuncia.

La quinta proposición acusatoria en contra de Áñez y sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por las muertes de Huayllani y Senkata ocurridas en 2019, fue presentada en la Fiscalía el 24 de marzo, según informó el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Andrés Flores.

En la vía ordinaria, se tramitan los juicios por el denominado caso “golpe de Estado”, tras la renuncia del expresidente Evo Morales, y otra denuncia por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad por una resolución constitucional que obligaba a los Gobiernos nacional, departamental y local a atender los requerimientos del sistema de salud en medio de la pandemia.

Ariel Coronado, abogado de Áñez, informó que los siete procesos están activos, pero de momento la defensa se encuentra abocada al caso del presunto golpe, por el que se ha restringido la libertad de la exmandataria. 

El Ministerio de Justicia impulsa cuatro de las siete denuncias: dos son por el caso Fundempresa y FMI; otras dos, por amenazar la libertad de expresión durante la pandemia y el caso de repatriados de Chile en la cuarentena. 

Su defensa expresó que de momento se aboca al caso de presunto “golpe de Estado”, porque es el que la tiene privada de libertad. 

En tanto que luego de que se le negó la acción de libertad el viernes pasado, ahora se buscará acudir a la vía constitucional para que pueda defenderse en libertad. 

Análisis

Al respecto, el abogado constitucionalista César Cabrera explicó que la exmandataria puede plantear un nuevo recurso en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Explicó que, al haberse agotado las impugnaciones a la cadena de ilegalidades en su detención, lo que correspondería es plantear un acción de libertad ante el TCP para lograr su libertad, porque existe una vulneración al proceso penal al no haberse procedido previamente a la citación. 

“Entonces supone la vulneración al debido proceso que ameritaría acudir al TCP para que repare la vulneración de sus derechos”, señaló. 

IGLESIA DENUNCIA “JUSTICIA SERVIL” 

La Iglesia católica denunció ayer que la “administración corrupta y servil de la justicia” en Bolivia siembra división e impide “atender con urgencia la pandemia, reconciliar y pacificar al país,”.

Durante la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo Sergio Gualberti llamó a los fieles, en la catedral de Santa Cruz, a reconocer en el “rostro desfigurado” y el “cuerpo herido” de Jesús “a los crucificados de hoy, los pobres”, y a “las víctimas de una administración corrupta y servil de la justicia que está sembrando rencores, enfrentamientos y divisiones que impiden atender con urgencia la pandemia”.