Si en Bolivia la justicia fuera eficiente e imparcial, las declaraciones públicas de autoridades podrían ser sujeto de prueba. Pero, no, la incoherencia,  el cambiar o acomodar discursos a conveniencia no sólo no sirve para demostrar o probar cosa alguna, sino que son más bien motivo de reacciones acusatorias de sus protagonistas, que sin pudor alguno justifican su oportunismo.

Ya lo dijo el actual vocero del Gobierno, Jorge Richter:  “Es la barbarie de la literalidad”. Según el funcionario, voz oficial del Gobierno, las redes sociales y  medios de comunicación ejercen este rasgo como un acto de mala fe, “encontrando en declaraciones y escritos que realizamos muchas personas, una palabra que los pueda validar y una supuesta contradicción con la cual montar campañas para degradar a las personas, mintiendo y creando ficción”.

Lo dijo a partir de la contrastación que realizaron los medios de sus propias declaraciones después de los hechos de  2019, en las que él, sin que medie presión alguna, sostuvo que entonces se habría dado una sucesión constitucional ante el vacío de poder. No fue la única vez que opinó de esa forma, pues como señala una nota de la agencia internacional France Press (31 de diciembre de 2019), Richter también dijo “que la crisis fue producto de que el proyecto hegemónico del partido de Morales, el MAS, nació con una deformación congénita, que consistió en buscar permanecer indefinidamente en el poder y en el ejercicio de la Presidencia”. 

Caso parecido es el del presidente Luis Arce. El 20 de mayo de 2020, seis meses después de que  Jeanine Añez asumiera la presidencia, Arce, entonces candidato presidencial, reconoció al gobierno de transición como constitucional, durante una entrevista en   el programa No mentirás de PAT. Ahora, consultado sobre su cambio de postura, manifestó que no es “todólogo” y que como a muchos, se le hizo creer (!) que la gestión de la expresidenta Añez era constitucional.

Hay otros ejemplos, como los de la exdiputada Lidia Patty y el ministro de Justicia, Iván Lima, abanderados de los procesos que derivaron con el encarcelamiento de la exmandataria y dos de sus ministros. 

Patty avaló como diputada la prórroga de mandato de  Añez como presidenta transitoria en enero de 2020; y Lima afirmó que se “armó” el proceso porque el MAS no tenía los dos tercios de voto que necesitaba para llevar a Añez a un juicio de responsabilidades, que es lo que corresponde.

Son varias contradicciones, declaraciones e incongruencias. Si fuera una agresión a la literalidad -como reclama el vocero- tendría que advertirse que se están forzando interpretaciones, que se les está haciendo decir lo que no dijeron, pero no, son nomás zancadillas con el propio cordón del zapato; pero claro, el pretexto de la conspiración siempre saca de apuros. Y, si no se puede creer en quienes impulsan el proceso y las detenciones, ¿cómo se puede creer en el proceso mismo?

Dice Richter que ponerlos en evidencia es buscar la impunidad ante la muerte de decenas de bolivianos que perdieron la vida en los hechos de violencia. Parece que olvida que para que se haga la justicia que se demanda y apela, es preciso credibilidad, coherencia y honestidad. Lo otro parece nomás oportunismo, revanchismo y, por supuesto, fines políticos que son inocultables.

La lecturas de los hechos de noviembre y diciembre de 2019 no han sido fáciles. Fueron momentos de mucha convulsión, incertidumbre y confrontación. Pero millones de bolivianos presenciaron y vivieron esos hechos y tienen fresca la memoria de los mismos. Pueden haber varias lecturas, pero sólo hubo unos hechos y no se puede construir un relato creíble cuando uno mismo dijo y se desdijo, por las razones que fuera.

No, no se trata de barbarie de la literalidad, se trata de responsabilidad y respeto a la inteligencia y el elemental sentido común. La única posibilidad de encuentro para los bolivianos es una búsqueda de justicia basada la honestidad, el debido proceso y la credibilidad. Lo demás sí que es barbarie.