Entre el 14 de marzo y el 3 de mayo hay casi 50 días. Ese es el tiempo que habrá transcurrido entre la proclamación oficial de los resultados de las elecciones municipales y la posesión de los nuevos alcaldes y concejales. Se trata de un tiempo perdido para las ciudades, más aún cuando se mantiene la emergencia por la pandemia de coronavirus. En contraposición, es un tiempo ganado para los amantes del desorden, para los que se adueñan de los espacios públicos irrespetando cuanta regla hay aprobada.

Con hoy se cumplen 21 días desde las elecciones municipales. En este tiempo, en el que las autoridades salientes comienzan a irse y las recientemente elegidas no terminan de llegar, se ha notado cierta anomia, no por falta de reglas, sino por la ausencia de la autoridad que debe hacerlas cumplir. Los ejemplos sobran: en los alrededores de los mercados que habían sido desalojados con esfuerzo y gran erogación económica, se ha visto cómo los comerciantes ambulantes se vuelven a adueñar de los espacios públicos: ponen casetas, lotean las calles y vuelven atrás cuando se creía que se había dado un paso adelante.

Hasta antes de las elecciones había normas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus entre los habitantes de las urbes. Entre esas reglas estaba prohibido el funcionamiento de locales nocturnos (discotecas, bares, karaokes, etc.). Ahora solo basta hacer un breve recorrido por el centro o por los barrios para evidenciar que ese tipo de locales ha reabierto y que nadie cuida la distancia social o hace respetar el uso de barbijos. Hay fiestas hasta el amanecer y muchas actividades que favorecen la expansión de la enfermedad, no solamente en Santa Cruz, sino en las principales capitales del país.

Lo anterior no es apenas circunstancial porque ese desorden del que se habla implica un retroceso en lo poco que se había logrado avanzar. Si hay un rebrote de Covid-19 con saturación de hospitales y con víctimas fatales, ¿quién devuelve la sanidad o la presencia de un ser querido a una familia si alguien falleció a causa de una conducta irresponsable?

Por otro lado, ¿a qué se debe esa actitud de ‘nomeimportismo’ de las autoridades salientes que ya no velan por la ciudadanía? ¿Dónde están los gendarmes y los funcionarios que deberían ejercer el mismo o mayor control que antes?

La responsabilidad también es del Órgano Electoral que hace cálculos institucionales y no piensa en el conjunto de la sociedad. La demora en la posesión de alcaldes y concejales se debe a que aún debe realizarse la segunda vuelta electoral para las gobernaciones de algunos departamentos. En cambio, las alcaldías se ganan con un voto, lo que significa que no se tendría que esperar tanto para que ejerzan las nuevas autoridades.

La excesiva espera también da lugar a que los procesos de transición se hagan más complejos y menos transparentes. Es demasiado tiempo como para ‘acomodar’ lo que no estuvo bien. Por otro lado, desde la posesión hasta que las nuevas autoridades asuman a plenitud, con equipos conformados y tareas definidas, pasará un buen lapso (100 días dicen algunos), lo que va a significar otro grave perjuicio para la ciudadanía.

Hay que comprender que los gobiernos locales son los más próximos al ciudadano, los que deben resolver sus problemas inmediatos. Dilatar este proceso es hacerle un gran daño a la población, sin contar que el tiempo que se pierde para ordenar y hacer gestión es aprovechado por los grupos corporativos de transportistas y gremialistas informales que ganan en el caos.