La Sala Penal Primera de La Paz determinó este viernes, a las 14:05, declarar improcedente la apelación interpuesta por la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. 

Ellos denunciaron que fueron aprehendidos de forma “ilegal” y solicitaban defenderse en libertad dentro del proceso en su contra por el caso de supuesto “golpe de Estado”.

La audiencia se extendió por al menos tres horas y contó con la exposición de los dos abogados de los imputados, Ariel Coronado y Armando Mejía, quienes expusieron los agravios, intentando demostrar que las exautoridades fueron detenidas de forma irregular, porque el mandamiento de apremio no contenía ni siquiera los nombres de los investigados.

También participó el fiscal del caso, Omar Mejillones, y representantes de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, quienes defendieron en todo momento la aprehensión de la exmandataria y sus colaboradores, para someterlos al proceso que fue iniciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

Las exautoridades cumplen 11 días detenidas preventivamente en las cárceles de San Pedro y Miraflores, acusadas por la presunta comisión de los delitos de conspiración, sedición y terrorismo, dentro del caso de supuesto “golpe de Estado”.

“No es suficiente citar elementos de convicción y luego transcribir lo tipos penales. Lo que se tenía que hacer en el mandamiento de aprehensión era fundamentar porqué motivo el tipo penal concurre en los ahora tres imputados. El mandamiento de aprehensión no contiene ninguna fundamentación en relación a los tipos penales”, advirtió Coronado.

Manifestó que no se individualizó la conducta de la exmandataria y los exministros en el mandamiento de aprehensión, para justificarlo, y tampoco se fundamentó en la ampliación de la denuncia que realizó la exdiputada del MAS.

Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que el procedimiento aplicado por la Fiscalía está amparado en los cargos por los que se procesa a la exmandataria y sus exministros, además del riesgo que pudieran interferir en la investigación. Con esa base, se ratificó la resolución 104, que amplió a seis meses la detención preventiva que deben cumplir en los penales de Miraflores y San Pedro.