Por: Jaime E. Buitrago Romero

A nombre del restablecimiento del orden en Bolivia, el Decreto Supremo 4078 habilitó la impunidad de los militares y del mismo gobierno de Jeanine Áñez en las jornadas de represión y sangre que vivió el país durante noviembre de 2019, dejando heridos y muertos bajo la imposición de la denominada estabilidad pública. La violencia que venía de las Fuerzas Armadas y de la Policía tomó las calles y se vivieron escenas muy parecidas a los años 70 cuando ocurrió el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez o de la asonada militar de Luis García Meza en 1980. De todo lo que sucedió en noviembre de 2019 quedan 36 muertos, más de 800 heridos y 1.500 detenidos.

El 14 de noviembre de 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078 que en su artículo 3 señala: “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad de conformidad …”. Ciertamente la presidenta otorgaba a los militares y a su propio gobierno licencia para matar impunemente a civiles en protestas ciudadanas.

El 16 de noviembre, dos días después de la promulgación de ese decreto, obviamente firmado por los ministros de Áñez, la escalada represiva estalló en sangre con la masacre campesina en Sacaba (Cochabamba). La impunidad derivada de esa norma había tomado confianza, las fuerzas represivas militares y policiales podían atacar y justificar crímenes contra diferentes sectores sociales movilizados en contra de las acciones del régimen que se había impuesto por la fuerza.

Con el rótulo del restablecimiento del orden público y el bienestar en el país, el artículo 2, parágrafo IV del Decreto 4078 también señalaba: “Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, las FF.AA. emplearán todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos, de acuerdo a las necesidades a fin de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del pueblo boliviano”. En realidad se estaba protegiendo a quienes habían conculcado los derechos fundamentales en el país y a quienes habían trastocado la institucionalidad de Bolivia y a los que estaban matando.

Solo así se podía garantizar el gobierno impuesto con una Biblia, con garrote y balas; es decir, un gobierno plagado de violencia y muerte. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, es la utilización de las amenazas contra una persona, contra un grupo o una comunidad que tiene como consecuencias daños psicológicos, problemas de desarrollo y hasta la muerte. Eso es lo que hizo Áñez no solo durante noviembre de 2019, sino a lo largo de los 11 meses que ejerció la administración del país.

Las fuerzas represivas utilizaron golpes, patadas, disparos, torturas. Las tortura psicológica o emocional es el conjunto de actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan y atentan contra las personas. La violencia colectiva se define como el uso instrumental de la violencia por gente que se identifica a sí misma como miembro de un grupo, ya sea transitorio o de larga duración, contra otro grupo o conjunto de individuos, contra una comunidad, contra un país con el fin de conseguir determinados objetivos políticos, económicos, raciales, entre otros.

Eso fue lo que hicieron los miembros del gobierno de Jeanine y quienes la secundaron y encumbraron al poder desde una reunión en la Universidad Católica Boliviana donde participaron políticos sin ninguna representación ciudadana y jerarcas de la Iglesia Católica que ahora defienden al régimen de los 11 meses. Ahí se tomaron decisiones que llevaron a la escalada de violencia en noviembre de 2019, desde allí se allanó el camino para el decreto de la impunidad que daba licencia para matar a los militares. Lo sensato ahora es procurar justicia para los responsables de tanta muerte y violencia en un estado de derecho y donde priman las libertades democráticas, lo contrario será un craso error que la historia y el pueblo nunca perdonarán. (Jaime E. Buitrago Romero es periodista)