El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, explora diferentes caminos para que los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez avancen en caso de que el juicio de responsabilidades en su contra no logre la aprobación con 2/3 en la Asamblea Legislativa.

Estas acciones volvieron a generar críticas de Human Right Watch (HRW), que afirmó que el gobierno de Arce hace lo mismo que el de Áñez contra los opositores y los acusa de terrorismo, un delito que en la legislación boliviana tiene una definición excesivamente amplia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que, en caso de que la oposición no otorgue sus votos en la Asamblea, para autorizar el juicio de responsabilidades, existen otros caminos (constitucionales y procesales) a los cuales se acudirá “para darle a las víctimas el derecho a la justicia”. 

“Hay definitivamente un litigio, pero nunca en un país no puede haber impunidad estructural, eso no lo permite la Convención Americana ni nuestra Constitución”, manifestó.

La Fiscalía ya admitió cuatro procesos para juicios de responsabilidades contra Áñez. Los diputados del MAS formalizaron otra proposición acusatoria por los casos Senkata y Sacaba.  

ORGANISMOS INTERNACIONALES

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según ERBOL, compartió las palabras del mandatario boliviano en México, en las cuales denunció que no se respetaron debidos procesos y derechos humanos en el gobierno de Áñez y señaló que Arce tenía razón, pero “lo que no dijo es que su gobierno ahora hace lo mismo, con cargos de terrorismo contra la exmandataria sin fundamento”.

Vivanco ya expresó que tiene una desilusión con el Primer Mandatario porque en campaña prometió no recurrir a la instrumentalización de la justicia para perseguir al enemigo, pero en realidad esa práctica se volvió en un “vicio crónico” en Bolivia. Dijo también que se observa un “espectáculo triste de persecución política”.

REACCIONES

La tensión por la situación de Bolivia continúa y ahora salpica a la Unión Europea. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló que ese organismo avaló a Áñez en 2019, lo que significa una complicidad con los hechos posteriores de muertes y corrupción.

Aclaró que el rol del organismo se debe indagar, así como el que tuvo la Iglesia Católica en lo que denominó la “autoproclamación” de la exmandataria, en medio de diálogos de pacificación, a través de una comisión mediadora.

Entre tanto, los cívicos del país, articulados en el Comité pro Santa Cruz y el Movimiento Cívico Nacional, invitaron a Arce a una cumbre nacional cívica política para dialogar sobre diferentes temas y buscar el “bienestar para la población”, según Urgente.bo.

“El fin es buscar el bienestar de la población, la reactivación económica, superar unidos la pandemia y la crisis de salud, pacificar el país y que cese la persecución política y apresamientos indebidos”, dice el comunicado.

INTERPRETACIONES

El ministro Lima interpretó las palabras del líder de Creemos y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como una “señal clara” para iniciar el juicio de responsabilidades contra Áñez, pero no ve esa misma “voluntad” de parte del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa “para tener justicia para todas las víctimas de las masacres sangrientas que han ocurrido en el país”.

Camacho aclaró que el titular de Justicia hizo una interpretación muy ligera de su posición.

“No se trata de entrar a un debate de juicio de responsabilidades, sí o no. Lo que nosotros exigimos es que paren las persecuciones, que el gobierno deje de usar la Justicia como garrote contra la oposición democrática”, escribió.

Continuó señalando que cuando se vuelva al estado de derecho y cuando el MAS renuncie al uso político y vengativo de la Justicia, “estaremos en condiciones de que se investigue y sancione la corrupción y las muertes de los bolivianos el 2019 y 2020”.