Tras su estrepitosa derrota en las elecciones para los gobiernos autónomos, el MAS desató una persecución política pocas veces vista, superándose a sí mismo en esta materia.

Su expectativa era la de convertirlas en una especie de correlato de las elecciones generales para así tener el control total(itario) del poder. El sentido de equilibrio democrático de la ciudadanía asentada en las urbes y un cierto desencanto con la gestión de Luis Arce privaron al oficialismo estatal de tal extremo.

Si bien el MAS nos muestra un mapa azulado debido a las poco más de trescientas alcaldías en las que se impuso, se me ocurre que, si se pudiera, con gusto cambiaría cien municipios dispersos por uno de ciudad capital y doscientos por El Alto. En cambio, debe conformarse con Oruro, ganado con claridad, y Sucre, por milésimas. Queda la posibilidad de que, como ocurrió más de una vez –por ejemplo, el alcalde de Cobija, Gatty Ribeiro, llegó al cargo representando a un partido y, a pocas semanas de ejercicio, fue “cooptado” por el MAS- el oficialismo intente adueñarse de alcaldías por vías inmorales. A horas del triunfo de Copa, fue cordialmente invitada a retornar a las huestes azules. “Las puertas para que vuelva están abiertas”, decía el mensaje. Particularmente vulnerables a esta forma de “transa” son aquellas autoridades electas que se alejaron del partido y se postularon por otras denominaciones.

Dejemos de lado los municipios, cuyas próximas autoridades están fuera de discusión, y pasemos a las Gobernaciones en las que, por las reglas del juego, quedan pendientes cuatro por definir a los titulares de las mismas.

En dos departamentos (Tarija y Pando) el candidato del MAS sacó una muy ligera ventaja al de la oposición. En Chuquisaca, el de la oposición aventajó con cierta holgura al del MAS, y en La Paz, el del MAS se quedó con los crespos hechos a poco de alcanzar el 40% requerido para ganar en primera vuelta.

Más allá de la propia dinámica de las campañas para atraer el favor de los votantes, ¿cuánto –y a quiénes- pueden afectar las acciones persecutorias que el régimen de Morales Ayma ha emprendido contra varios ciudadanos, incluida la expresidenta constitucional Jeanine Áñez? (Una precisión: me preguntaron por qué menciono “el régimen de Morales Ayma”; pues, porque el Gobierno es de Arce, pero el régimen es el de su jefe, el evadido –jefe de campaña causante de la gran debacle electoral del MAS, por lo demás).

A mi parecer, sí lo hará. Y no precisamente a favor del oficialismo estatal. La expresión ciudadana que emerja de la segunda vuelta será una suerte de plebiscito sobre la actuación del régimen durante estos días de terror. Por otra parte, cuando se han dado situaciones de solo dos opciones en pugna, el régimen ha salido, generalmente, perdidoso.

El 21F es prueba de ello. Pero para mencionar otros casos, están las dos versiones de las elecciones judiciales, en las que el voto nulo arrasó en clara demostración de repudio, lo que, sin embargo, no evitó que operadores del MAS accedan a la judicatura, mismos que ahora tienen en sus manos los casos armados por Lima y compañía.

Como para certificar esta posición, la de plebiscitar la segunda vuelta, Comunidad Ciudadana y Creemos han pedido a la población votar por los candidatos que no son del MAS. En el caso de La Paz, cuyo representante sacó una considerable ventaja al segundo (no sé si llamarlo “de oposición”) sería espectacular que el candidato de Jallalla remonte con el apoyo de citadinos que rechazan las acciones del régimen de Morales Ayma. Será mi propio caso –en otras circunstancias, no se me ocurriría votar por este buen señor- y sería el tiro de gracia a los fraudulentos de 2019.