En una semana de clima agitado por persecuciones políticas, fiscales y judiciales contra ex autoridades nacionales, policías, militares y civiles que restauraron la democracia con toda solemnidad y respeto a la Constitución, los cambios de estrategia del Movimiento al Socialismo Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) padecen de amnesia al construir la narrativa de que Jeanine Áñez fue ungida como presidenta del Estado Plurinacional por golpe de Estado, cuando la causa de la sucesión constitucional fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante Declaración Constitucional 01/2020, de 15 de enero de 2020, con la participación de Eva Copa y Sergio Choque, presidentes de las cámaras de senadores, diputados y los dos tercios de legisladores.

El giro político del MAS-IPSP es quitarse el estigma y no tiene otra pretensión que borrar el monumental fraude electoral del 20 de octubre de 2019, que está registrado en los anales históricos de la OEA, UE y ONU; obviamente, no como hito democrático, sino como partido político antidemocrático en versión dictatorial, si el propio ministro de Justicia, Iván Lima, no reconoce lo que pueda resolver la OEA ante la propuesta del secretario General Luis Almagro de impulsar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los delitos de lesa humanidad cometidos por Evo Morales, tipificados en el Estatuto de Roma, argumentando el principio de subsidiariedad, principio que se aplica cuando se respetan los derechos humanos y no cuando se aprehende e incomunica al adversario al manejar todo el poder fiscal y judicial.

Ampliando lo anterior, el sistema de partidos del que ha vivido la democracia en los últimos quince años está en crisis, si la travesía cínica del régimen carga con más de un centenar de muertes; 40 fallecidos por falta de oxígeno en situación de pandemia del Covid-19 (bloqueos del MAS en la primera semana de agosto de 2020) y los miles de exiliados políticos que el sistema les niega el derecho de retornar al país para vivir con sus familias.

Los medios de comunicación social son un antiséptico eficaz contra los excesos de poder y crímenes que ponen en zozobra a la sociedad boliviana y si los pueblos no son capaces de leer en los periódicos y denunciar ante organismos internacionales los crímenes sistemáticos y enjuiciamientos fabricados para encubrir el horror de la justicia, están condenados a leerlos en los libros de historia. El reto histórico lo tienen los comité cívicos, las autoridades elegidas democráticamente y los ciudadanos capaces de gestar una nueva Bolivia libre.

La prominente Iglesia católica guiada por su sensibilidad de paz y convivencia pacífica intervino en el diálogo con los organismos internacionales y representantes de las fuerzas políticas, hasta lograr el acuerdo y concordia para el país desde la renuncia de Evo Morales.

Su rol fue de facilitador encomiable y con esa autoridad moral de compromiso con la vida y la libertad de los ciudadanos, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el día viernes 19 de marzo de 2021, emitió y difundió su mensaje titulado: La falsedad genera injusticia, cuyo texto relata que el 12 de noviembre de 2019 hubo sucesión constitucional ante informes finales de organismos internacionales que detectaron fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

La visión de la Iglesia católica no es ni será agitar la incertidumbre, sino reducirla, otorgando importancia a las instituciones y organizaciones políticas que practican la verdad y justicia, debido a su incidencia en el condicionamiento de los comportamientos colectivos, que pasan a tener procesos de elección racional y limpios. Pero, parece que esta cultura y servicio que irradia con devoción la Conferencia Episcopal Boliviana, ha sido mal interpretada por el honorable diputado nacional Rolando Cuéllar, al declarar en un programa de Bolivisión que propondrá un proyecto de ley ante la ALP para regular a la Iglesia católica, por ser parte del golpe de Estado; además de plantear un proyecto de resolución denunciando al Vaticano el accionar del prelado boliviano (22-03-2020).

Las declaraciones del diputado Rolando Cuéllar son excesivas e inapropiadas y dejan muchas dudas del conocimiento de su función, pues su rol de legislador y fiscalizador de los actos del poder público, especialmente del Gobierno del MAS, no debe ser confundido con instituciones como la Iglesia católica que se rige por normas universales del Derecho Canónico y Notas Reversales elevadas a rango de Ley 1644 de 11 de julio de 1995; como persona moral por la misma ordenación divina y promover el mayor bien que se proporciona a las personas, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente adecuadas a las peculiares circunstancias sociales de tiempo y lugar (art. 447 de DC).

El santo papa Juan Pablo II, personaje histórico sin parangón, volcó su esfuerzo por el perdón, rehabilitar la fe y la utilización de la razón en el análisis del mundo y acuñó una frase: “Una fe que no hace cultura es una fe no acogida”. Nos devolvió una fe para seguir adelante hasta alcanzar la paz.

Por último, por considerar importante la opinión de Daniel Innerarity (2018: 78) sobre las instituciones y partidos políticos dice: “Dado que las capacidades están sobrecargadas frente a la complejidad e injusticias y como la ignorancia individual es insalvable, no hay otra solución que fortalecer los componentes intelectuales y organizativos de la inteligencia colectiva...lo que hay que mejorar es la capacidad del sistema político para actuar inteligentemente, el aprendizaje colectivo”.