En los últimos días, dirigentes del MAS y funcionarios públicos repiten, hasta el cansancio, el libreto “no hubo fraude, fue golpe”. En la Procuradoría, la Fiscalía General o el Ministerio de Justicia, recurren a malabarismos mentales tratando de ocultar en “las complejidades de la ciencia jurídica” la falta de argumentos válidos para sustentar el libreto. Los asambleístas y voceros del MAS que, en general, no hablan de servidores ocultos o de tendencias estadísticas, se refugian en los gastados clichés de “derecha” o “imperio”.

No tiene sentido refutar sus “sin razones” y medias verdades porque están voluntariamente ciegos y sordos a la verdad. Pero toman todo pequeño detalle –que pueden distorsionar– para dar salida a su verborragia histriónica, obstinada en crear su posverdad. Veamos.

La inclusión premeditada de un acta adulterada en el cómputo electoral, es acción fraudulenta. El informe de la OEA identifica 12 tipos de acciones deliberadas y dolosas con las que se manipuló el resultado electoral, incluyendo la adulteración de actas. En una muestra de 4.692 mesas –13,5% del total–, identifica 226 mesas “en las que dos o más actas fueron llenadas por una misma persona, para manipular el resultado”. En esas mesas, “de los 38.001 votos válidos, 34.718 fueron adjudicados al MAS, casi el número de votos que permitiría evitar segunda vuelta”. Concluye que “un análisis sobre un porcentaje mayor de actas, sin duda detectaría mayor número de falsificadas, adulteradas o manipuladas”.

Apenas conocido el informe, la Fiscalía General lo acepta y ordena iniciar acciones legales para procesar y juzgar a vocales electorales y personas involucradas en los presuntos delitos. Pero, 25 meses después, el Fiscal General libera de culpa a todos por “falta de pruebas”, a pesar de que el informe de la OEA tipifica los presuntos delitos e identifica a los jurados y delegados en todas las actas adulteradas.

¿Qué pruebas no encontró la Fiscalía? ¿El informe de la OEA miente? Solo si se demuestra falsedad en ese informe, el relato del golpe tendría algún asidero porque, ante todo conflicto, el MAS siempre recurrió al “viene el golpe”. La Cronología de los días de furia, de Rafa López y Suki Capobianco, nos recuerda que antes de la elección y luego, el 23 de octubre –tres días después de declararse ganador–, ante los indicios de fraude Morales dice que “está en ejecución un golpe que preparó la derecha con apoyo internacional”.

Morales repitió regularmente el anuncio de golpe hasta salir a Méjico. ¿Será que los “duros del MAS” fueron incapaces de desactivar un golpe que conocían con un mes de anticipación? En todo caso, ninguna carta de renuncia del Gabinete o de asambleístas menciona golpe, pero si aluden al fraude. Por ejemplo, la carta de renuncia de Luis Arce al Ministerio de Economía dice: “La actual coyuntura política tras un irresponsable trabajo del Órgano Electoral hace necesaria la pacificación del país, por lo que presento a usted mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado…”. La de Rubén Medinacelli, primer vicepresidente del Senado, dice: “Personalmente confiaba muchísimo en los resultados de la auditoria OEA, fervientemente creía que la misma nos limpiaría la cara frente a las acusaciones de nuestros detractores; lamentablemente, esto no ha ocurrido”.

Sabemos, ahora, que todos los masistas en la línea de sucesión constitucional renunciaron por consigna; que la reunión de la Asamblea del 12 de noviembre (para leer las cartas de renuncia de Morales y García) fue acordada en las negociaciones, pero, a último minuto, el MAS la dejó sin el quorum necesario siguiendo instrucciones desde Méjico; y, por quienes no están en la lista de cacería de “golpistas” podemos inferir que los pedidos de renuncia de la COB, FFAA, mineros y de la Defensora del Pueblo, fueron parte de la consigna para crear el vacío de poder que justificaría el retorno de Morales, tal como él ofreció desde Méjico el 13 de noviembre.

Sin embargo, hoy insisten en el golpe argumentando que la sucesión constitucional es ilegal, porque Jeanine Áñez no juró ni se le impusieron las joyas presidenciales en la Asamblea. Por sentido común (dada la magnitud de la crisis en ese momento) y porque está así establecido, estos no son requisitos obligatorios en caso de abandono del cargo. Pero de manera por demás deshonesta, están forzando la idea de que esos detalles determinan la ilegalidad e ilegitimidad del gobierno de la señora Áñez.

Es decir, los que “le metieron nomás” para ganar con fraude piden el cumplimiento de la letra muerta de la ley, tal como les conviene interpretarla. Ellos, que violaron la CPE con la tercera elección de Morales, que ignoraron el 21F, que hicieron el mayor fraude de la historia, que crearon el Órgano Judicial más ilegítimo y subordinado del mundo, que piden someternos a su justicia aunque reconocen la extrema corrupción y falta de ética que le inyectaron, ellos, que deliberadamente impidieron el cumplimiento de las formas que reclaman, si no entienden que una sucesión ordenada el 12 de noviembre habría evitado Senkata y Sacaba, es porque valoran sus intereses más que la vida de los bolivianos.

Dice el dicho que el diablo está en los detalles; parece que el MAS-evista lo guía.

El autor es ciudadano que se pregunta si nos están empujado a la desobediencia civil