Todo parece indicar que José María Leyes está fuera de la Alcaldía de Cochabamba de manera definitiva. Parece, pues, aunque la proclama y la firma como “irrevocable”, su dimisión de ayer a las funciones para las que fue elegido en 2015 no es la primera y muchas de sus acciones mientras ejerció como alcalde están marcadas por la sospecha de irregularidades y por la franca burla de la institucionalidad, lo que propicia la duda sobre lo que dice.

Con similar tono, dramático, con el que anunció su engañosa renuncia a la Alcaldía el 4 de junio de 2020, ayer, Leyes dijo que deja sus funciones “por respeto a la institucionalidad, la ley, la Constitución y al voto del pueblo y (sus) principios cristianos”. Y un par de horas después tuiteó: “No seré parte de este circo de oscuros intereses y permanentes ilegalidades propiciados desde el Concejo Municipal”. Un Concejo al que no presentó, como lo establece la ley, informes sobre cómo gastó los recursos que disponía para atender la emergencia sanitaria por la pandemia, ni los documentos relativos a las modificaciones presupuestarias que realizó.

Esas omisiones que motivaron sanciones de suspensión de sus funciones no son la únicas de las que es responsable. Y tampoco puede atribuirlas a una supuesta “persecución política” de la que se declara víctima.

“A partir de abril de 2018 se inició una cacería en contra de mi persona, que impidió el normal desarrollo de la gestión”, se lamenta el hombre que por sus actos como alcalde acumuló al menos 16 procesos penales, de los que 12 están en “etapa preliminar” y en cuatro ya tiene acusación.

Pero eso no lo menciona. Tampoco el verdadero, y triste, “circo” de sus súbitas enfermedades y hospitalizaciones, al menos media docena, coincidentes con momentos álgidos de sus juicios. Y esa “cacería” de la que se queja no es más que la acción judicial motivada por las numerosas irregularidades que se le atribuyen y que destruyeron la confianza de quienes votaron por él.

El descalabro de esa confianza comenzó en 2015, a los seis meses de asumir sus funciones, con la aprobación de un permiso para construir un centro comercial en un área verde. Como ésa, una parte de todas las denuncias se diluyeron hasta que, en abril de 2018, estalló el escándalo de la compra de decenas de miles de mochilas para escolares más de tres meses antes de que se emitiera la convocatoria de rigor para esa adquisición.

Luego siguió la seguidilla de juicios e investigaciones penales por sobreprecios en adquisiciones, entrega simulada de vehículos a la Policía, designación ilegal de funcionarios, malversación de fondos, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, estafa a un particular. La lista es extensa. Y las denuncias en su contra no cesaron mientras estuvo ejerciendo el cargo. Ayer se fue, finalmente. Sin su protagonista estelar, no hay más función en el “circo” municipal.