El ministro de Justicia, Iván Lima, ha revelado que el Gobierno decidió enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria apelando a su antigua condición de senadora y no su condición de exmandataria porque la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) no tiene dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En una entrevista con la activista María Galindo, el ministro admitió que un eventual juicio de responsabilidades a Áñez debía partir del informe que emita el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), pero que si esperaba eso el Gobierno corría el riesgo de que la Asamblea le niegue la autorización por influencia de la bancada de Creemos y de Comunidad Ciudadana.

“Hay que armar un caso y presentar las pruebas; no puedes ir con una acusación tan grave el día uno”, le dijo el ministro a la entrevistadora y de esa forma terminó de confirmar, si a alguien aún le quedaban dudas, de que este es un caso político que fue armado por la fuerza para llevar a la expresidenta a una cárcel, como finalmente lo hizo.

Pero además, las expresiones del ministro Lima también confirman que en el tratamiento del caso de la detención de Áñez y sus dos ministros hay una injerencia política del Gobierno que manipula al Ministerio Público, y eso va en contradicción con sus propias palabras de días anteriores en las que insistentemente reiteró que el Gobierno no tiene nada que ver en este caso y que todas las acciones las estaría desarrollando el Ministerio Público.

Es inusual que una autoridad muestre sus cartas escondidas, pero esta vez Lima dejó al descubierto lo que ya todos sabían, con la gran diferencia de que esta vez quien lo admitió fue el principal protagonista de los enjuiciamientos por parte del Gobierno. Se desconoce si en ello influyó la personalidad arrolladora de la activista María Galindo desde su barricada comunicacional durante la entrevista.

Iván Lima comenzó su gestión con muy buena imagen pública por su inicial empeño en transformar la justicia -pronto desautorizada desde un nivel superior del poder-, pero embarrado con la persecución política y en el centro de las críticas por su injerencia e inconsistencias en el manejo de un caso a todas luces forzado y a contramarcha de un tiempo en el que el país esperaba gestión de Gobierno y no arremetidas políticas contra adversarios.

Eso explica probablemente el libreto del manejo informativo, en el que las autoridades del Gobierno se refieren a Jeanine Áñez como exsenadora, porque saben que su condición de expresidenta la hacen susceptible de un juicio de responsabilidades y no de un juicio ordinario común.

De ese pequeño detalle se desprenden, como cuando se jala la punta del hilo de un ovillo, las varias inconsistencias que incluso ya alcanzaron el lenguaje de los memes digitales que circulan por redes. Uno de ellos apunta a que es incongruente que a Áñez se la procese en su condición de exsenadora cuando a la vez a dos de sus colaboradores se los procesa en su condición de exministros. Es decir, si el presunto delito se cometió antes de que Áñez jure a la Presidencia, por qué razón se enjuicia a dos personas que aparecen en escena después, es decir, cuando Áñez ya era presidenta.

El Gobierno se ha metido en un callejón sin salida con este caso: casi dos semanas después de la detención de Jeanine Áñez deja varias evidencias de un manejo ilegal, de injerencia en otro poder del Estado, de inconsistencias en la argumentación judicial del caso y, peor aún, no logra convencer con su teoría de que el 2019 no hubo fraude sino golpe de Estado. El problema de esta última pretendida transformación de la historia es que hay cuando menos nueve millones de testigos -la población boliviana descontando a los niños- que han sido testigos de lo que vivieron en octubre y noviembre de 2019 y que observaron lo contrario de lo que afirman el ministro Lima, su colega de Gobierno, el presidente Luis Arce y Evo Morales.