Los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres son una de las principales esferas de preocupación de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia de la Mujer- Beijing (1995), de la cual el Estado boliviano es signatario. La misma destaca que se han creado en casi todos los Estados instancias nacionales orientadas a diseñar, fomentar, aplicar, evaluar y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el progreso de las mujeres. Estos mecanismos han adoptado formas diversas, tales como ministerios, viceministerios, secretarías, etc., y tienen una eficacia desigual en todo el mundo. En algunos casos incluso se han reducido. Marginados a menudo en las estructuras nacionales de gobierno, estas instancias se ven, con frecuencia, perjudicadas debido a mandatos poco claros, falta de personal, formación, datos estadísticos, recursos insuficientes para su funcionamiento y poco apoyo de los dirigentes políticos.

Los organismos estatales para el adelanto de las mujeres son instancias centrales para la coordinación y promoción de políticas de los gobiernos. Su tarea principal es impulsar la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en todas las esferas de la gestión pública y en todos los niveles de gobierno.

En Bolivia se ha avanzado en un marco normativo progresista a favor de los derechos de las mujeres, en particular con la aprobación de la Constitución de 2009, que establece la igualdad entre hombres y mujeres y contiene garantías específicas de los derechos de las mujeres. La Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia,  la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres y la Ley 070 de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que dispone que la educación debería ser antipatriarcal. Asimismo, la Ley 026 del Régimen Electoral aplica los principios de paridad y alternancia para la participación política de las mujeres. Sin embargo, para que lleguen a la vida cotidiana de las mujeres se requiere garantizar su  implementación. Es decir, se necesitan instituciones sólidas que lleven adelante políticas públicas traducidas en programas, proyectos y planes nacionales. Éstas deben contar con recursos humanos y financieros suficientes a nivel nacional, departamental y local, a fin de garantizar que las mujeres sean las beneficiarias directas del desarrollo.

Por otro lado, una de las recomendaciones repetitivas al Estado boliviano expresadas en el 2015 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reitera la preocupación por la limitada jerarquía y los escasos recursos humanos, técnicos y financieros para coordinar la aplicación de políticas públicas para la igualdad de género del Viceministro de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y la Unidad de Despatriarcalización y Descolonización del Ministerio de Culturas y Turismo.

Tomando en cuenta los desafíos planteados rumbo a la Agenda 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el referido a “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas”, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y la Agenda Patriótica con igualdad de género, es necesario avanzar hacia dicha institucionalidad. La misma no necesariamente implica la creación de un Ministerio de la Mujer. Se puede hablar de un Instituto de la Mujer que ya existe en El Salvador, México y España y de diferentes mecanismos en las autonomías regionales, departamentales, municipales e indígenas originarias y campesinas para conquistar la igualdad sustantiva, el empoderamiento de las mujeres y caminar hacia la despatriarcalización.

 Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social.