El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló en una entrevista con Radio Deseo que el Gobierno optó por procesar por la vía ordinaria a Jeanine Áñez y no a través de un juicio de responsabilidades, porque la bancada del MAS no cuenta con los dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Para los opositores, la declaración de la autoridad es la confirmación de que la denuncia por terrorismo, sedición y conspiración en contra de Áñez es armada.

La entrevistadora María Galindo le dijo al ministro Lima que no se podrá reformar la justicia porque el Gobierno entorpece el proceso con el caso del encarcelamiento de la expresidenta Áñez y el relacionado con la renuncia y salida del país de Evo Morales, que el Gobierno busca sustentar como un golpe de Estado y no una sucesión constitucional.

En ese ámbito, la autoridad hizo una revelación fundamental. Para llevar a Jeanine Áñez a un juicio de responsabilidades se requería dos tercios de la Asamblea Legislativa. 

“Qué pasa si con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y con la investigación ordinaria que estamos llevando me voy a la Asamblea y digo: quiero autorización. El señor (Luis Fernando) Camacho (con su bancada de Creemos) me la negaría, al igual que Comunidad Ciudadana. Ese caso se archivará y no habrá juicio, es un tema de mucha gravedad”, sostuvo el ministro.

Galindo replicó que con las acciones irregulares que el Gobierno comete, buscando “al personaje más débil de la historia, que es Jeanine Áñez, cuando pidan juicio de responsabilidades, obviamente las bancadas opositoras no cederán”.

Lima replicó: “Yo creo que sería muy irresponsable, si vas con todos los argumentos, con un informe de un grupo independiente, que no acepten el juicio”.

La entrevistadora preguntó: ¿Por qué no se empezó por un juicio de responsabilidades?, y la autoridad contestó que ese juicio de responsabilidades debía partir de acuerdo a la teoría del caso y la estrategia del informe del GIEI, y del trabajo del grupo de expertos.

Galindo fue más punzante y pidió una respuesta política. La respuesta de Lima fue reveladora: El Gobierno no empezó con un juicio de responsabilidades “porque no teníamos los dos tercios de la Asamblea Legislativa, hay que armar un caso y presentar las pruebas. No puedes ir con una acusación tan grave el día uno”.

Repitió que esa fue la razón, y resaltó que “hay que construir la legitimidad y la prueba”.

Luego, Galindo mencionó la teoría del golpe. “Ustedes tenían tres personas que estuvieron en las negociaciones (realizadas el 11 y 12 de noviembre en el rectorado de la UCB), son corresponsables: Teresa Morales, sin mandato; Adriana Salvatierra, que renunció a la presidencia del Senado, y Susana Rivero que se fue. Yo la vi tomando el avión a vacación de lujo a Argentina. El ministro acotó que lo hizo una semana después, “se mantuvo ese tiempo como presidenta en Diputados y trabajó la ley. No sé las razones por las que se fue, creo que le habían quemado la casa, tenía amenazas a su vida y sus hijos”.

Ellas en esos encuentros, para Galindo, eran interlocutoras de Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana y el resto del gabinete que estaba refugiado en la embajada de México.

De hecho, en una reciente entrevista, Samuel Doria Medina relató que el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce, lo llamó para pedirle que asista a esa reunión. “Luego me llamaron Adriana y los obispos de la Iglesia católica”, aseguró. Además, hay fotos en las que durante el gobierno de Jeanine Áñez los exministros (Carlos Romero, Héctor Arce, Javier Zavaleta), salieron de la embajada y fueron a negociar en la sede de la ONU en La Paz.

Lima señaló en la entrevista que pensó que se había obviado a Eva Copa. La entrevistadora replicó que Copa salió “cuando todas las anteriores se habían ido de vacaciones. Adriana (Salvatierra) se quedó a hostigar”.

Cuestionó por qué apresaron a Áñez, “la más débil” y no a Jorge Quiroga, “el mandamás de ese escenario que daba órdenes a las FFAA, o Luis Fernando Camacho, la cabeza de esa acción, con confesión de parte, relevo de prueba”.

Áñez no tenía ni el dinero, ni la relevancia intelectual, ni de nada. “Fue la ficha más fácil de utilizar”.

Lima respondió que hay un proceso inicial, “no se descarta que se convoque a todos los actores de la mesa de la UCB. Deberían llamarlos como testigos, no emitiendo mandamientos de aprehensión ni trayéndolos enmanillados”.

Señaló que había mandamientos que no se ejecutaron. “Dos posibilidades para el fin de esta historia, una acusación y llevar a juicio a una serie de actores o sobreseer el caso”.

“Armado”

La oposición coincidió en que las declaraciones del ministro de Justicia demuestran que el caso para encarcelar a Áñez fue armado.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo dijo que es “realmente decepcionante ver a un profesional que mostraba ser respetable en el ámbito del derecho, con diez gramos de poder, ha pisoteado lo que estudió y ahora revela que buscó la forma de pisotear a la expresidenta para mantenerse en su cargo. Confiesa que forzó la manera de meter presa a la expresidenta. Dice que si llevaba a la Asamblea, no iba a funcionar, así que buscaron la forma de violar la CPE”.

La senadora Centa Rek, de Creemos, manifestó que Lima “confesó que las demandas contra Áñez son forzadas y al margen de la ley. Sin marco jurídico, se generó un caso para cumplir el objetivo del MAS, pero todo es ilegal”.

El diputado de CC Carlos Alarcón coincidió también en que es una confesión de que el tema fue armado y confirma la injerencia política en la justicia.