El clima político sigue altamente enrarecido mientras lo económico sigue padeciendo el efecto de la pandemia a nivel mundial y a nivel local, pues, aunque parezca que todos los males de Bolivia se solucionan en campaña, no es verdad, y los puestos de trabajo destruidos y la precariedad sobrevenida están todavía lejos de encontrar un camino hacia la solución.

Todavía quedan cuatro departamentos por solucionar la incertidumbre sobre quién será su próximo Gobernador, pero ya alcaldes y Gobierno cuentan con el respaldo democrático para enfrentar la inminente negociación clave para el futuro del Estado autonómico: El pacto fiscal.

Han pasado seis años largos desde la primera convocatoria, lanzada en plena campaña subnacional de 2015. La mesa conformada distaba mucho de ser representativa de la complejidad del Estado, pues municipios y alcaldías tenían muchas menos sillas que Gobierno y gobernaciones, aunque sí estaba representado, por ejemplo, el Gobierno Regional del Gran Chaco.

La mesa avanzó mientras se debatieron generalidades, competencias, responsabilidades, e incluso cuando se hicieron ejercicios teóricos sobre supuestos impuestos que las gobernaciones podían implementar para incrementar sus ingresos. Incluso se llegó a contemplar alguna posibilidad de ceder la recaudación de determinados impuestos a las gobernaciones, como el IT, pero se atascó en el momento de la verdad: el momento en el que había que definir cómo se repartía el ingreso.

El Gobierno de Evo Morales, y particularmente el área económica del hoy presidente, Luis Arce Catacora, nunca estuvo dispuesto a modificar un ápice la distribución de los ingresos de coparticipación tributaria, que por el momento solo benefician al Gobierno nacional y dejan una porción para los municipios – 25 por ciento – y otro para las universidades - 5 por ciento -.

El Gobierno de Evo Morales, y particularmente el área económica del hoy presidente, Luis Arce Catacora, nunca estuvo dispuesto a modificar un ápice la distribución de los ingresos de coparticipación tributaria

Las Gobernaciones se sentaron a la mesa solo con el objetivo de poder alcanzar una parte de esos recursos, y en su razonamiento no faltaba razón, pues la distribución de los recursos se fijó en los años en los que no se elegían ni Prefectos y que estos se limitaban a administrar las decisiones del poder central.

Las autonomías hoy tienen obligaciones sobre la salud y la educación – en concurrencia- y voluntad para hacer otras cosas entendiendo que nadie administra mejor la casa que el propio residente, sin embargo, los asuntos centrales se siguen decidiendo a 800 kilómetros y con criterios intermediados.

Todas las campañas han pasado de puntillas sobre esto, pero un nuevo relacionamiento y distribución de los ingresos de coparticipación, que son precisamente los íntimamente ligados al buen desempeño de la gestión y sobre los que se tiene cierto control, son claves para apuntalar un desarrollo que en estos momentos están en peligro.

La alternativa, por cierto, son los ingresos del gas por exportación, que como se sabe, el asunto está por demás en declive.

Hubiera sido importante que este asunto se hubiera tratado ya en la campaña nacional y posteriormente en las subnacionales, afortunadamente, la segunda vuelta da una nueva oportunidad.