Lo que acontece en la actual coyuntura política merece de una necesaria revisión por parte de los actores políticos y sociales, en general. No se puede cerrar los ojos ante la realidad, y tampoco hacer de la vista gorda. Todos –aunque unos más que otros– tienen una responsabilidad por la cual deben responder. Para sí mismos, en conciencia, y para los demás.

En primer lugar, deberíamos preguntarnos: ¿Hace cuánto tiempo que la mayoría de los bolivianos ha perdido la confianza en la justicia? ¿Y, por otro lado, hace cuánto que hay un enrarecido ambiente de polarización, claramente alentado por intereses políticos y de otra índole que no dejan pasar oportunidad alguna para sacar provecho de los conflictos de este pobre país?

Desde hace 10 días, se percibe un ambiente de incertidumbre muy similar al que vivimos en octubre y noviembre de 2019, cuando la tensión social llegó a puntos insostenibles después de que la OEA constatara el fraude electoral. Lo que desencadenó ese informe u otras denuncias lo conocemos todos, porque las incidencias de las grandes movilizaciones en las capitales de departamento las tenemos aún frescas en la memoria.

Esa sensación de inestabilidad ha vuelto a partir de la indignación expresada por la oposición y la alerta de organismos internacionales y de derechos humanos, debido a la persecución judicial desatada contra exautoridades policiales y militares y, posteriormente, contra exfuncionarios de la administración transitoria de JeanineÁñez.

Esa molestia se funda, principalmente, en la idea de que los detenidos de manera preventiva son políticos opositores al actual Gobierno.

Tampoco son una novedad las sospechas que pesan sobre la falta de independencia de fiscales y jueces. Este es un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años y que, si bien tienen una directa relación con el Gobierno actual, y aún más con las gestiones de Evo Morales, también marcó a la administración Áñez, cuyo caso ha vuelto a poner a Bolivia entre las noticias internacionales más destacadas.

La expresidenta ha sido enviada a la cárcel en una medida muy cuestionada desde el punto de vista jurídico. Su causa está en curso y tiene una serie de sombras que deberán ser esclarecidas, comenzando por lo básico, que ha sido apuntado por diferentes juristas del país: su aprehensión en un horario no permitido por el Código de Procedimiento Penal.

Las demandas por el imperio de la ley pueden manifestarse y tienen que ser escuchadas en un clima de respeto a las normas básicas de la democracia.

Una nueva crisis, que dispone a bandos identificados dentro de un ambiente político y social de polarización, amenaza con reponer unos días negros que ninguna persona de bien desearía otra vez en nuestras calles.

Este es el momento en que debemos hacer un llamado a la razón, a que prime la cordura y no las protestas violentas, que siempre conllevan el grave peligro de la expansión de una ola irrefrenable y de la convulsión social.