La representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto advirtió ayer que el proceso penal contra la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros, por el supuesto “golpe de Estado”, busca justicia para cuatro presuntas “víctimas”, “es un tema político” y está alejado de las muertes que dejaron los hechos violentos en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que no avanza en la justicia con la misma rapidez que el de las “víctimas políticas”.
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El representante de DDHH de El Alto precisó que el presunto “golpe de Estado” tiene como víctimas a políticos y Senkata, a muertos en noviembre de 2019.
La expresidenta Añez, cuando fue trasladada a Miraflores. Foto:APG
La representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto advirtió ayer que el proceso penal contra la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros, por el supuesto “golpe de Estado”, busca justicia para cuatro presuntas “víctimas”, “es un tema político” y está alejado de las muertes que dejaron los hechos violentos en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que no avanza en la justicia con la misma rapidez que el de las “víctimas políticas”.
La denuncia del caso “golpe de Estado”, presentada por la exdiputada Lidia Patty (MAS) en noviembre de 2020, “presenta solo cuatro víctimas, Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, ellos están consignados como víctimas y no así las familias de los fallecidos y heridos de Senkata (El Alto); se entiende porque ellos han presentado por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición” contra Añez y sus exministros, afirmó ayer a Página Siete el representante de DDHH de El Alto, David Inca.
Después del encarcelamiento de Añez y de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en días pasados, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos” y aseguró que “no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo”.
En analista político Paul Coca también coincidió ayer con Inca y RHW, pues no solo es un tema político, sino que “hay utilización política de los fallecidos y la simbología que eso representa y que el MAS ha utilizado inclusive para ganar las elecciones”.
El representante de los derechos humanos de El Alto también afirmó que “hay molestia” que “un tema político”, denunciado hace cuatro meses, avance más rápido que el caso de los fallecidos después de la renuncia de Evo Morales. “Entendemos que es un tema político, no hay dónde perderse, no nos vamos a sorprender, es un tema político y se asume también en esa medida, hay la molestia sí, hay el rechazo sí, porque 16 meses solo dos imputados y en el otro (golpe de Estado), cuatro meses y ya tienen tres imputados y tres cautelados”, dijo Inca.
Un documento de la Asociación de Viudas, Huérfanos, Heridos, Víctimas de la Masacre de Senkata de El Alto y La Paz recuerda que en diciembre de 2019 la Fiscalía abrió de oficio la investigación por las muertes en Senkata. Hasta ahora hay como resultados la imputación del general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, exdirector de la ANH. Señala que la denuncia fue expuesta al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Inca precisó que son “diferentes delitos y diferentes víctimas”, pero las presuntos autores de ambos casos son las exautoridades del gobierno transitorio y “en el primer caso hay un imputado (Valverde) y en el segundo tres, entre las prominentes, Añez”.
Inca reveló que la asociación de víctimas no pretende llevar a Añez a un juicio de responsabilidades y además esperar el informe final de la GIEI-CIDH. “No estamos exigiendo tan vehementemente el juicio de responsabilidades porque nos han sugerido que esperemos hasta mayo, máximo junio, el informe final que va a presentar el grupo de expertos (GIEI); en ese sentido hemos entrado en cuarto intermedio y estamos cumpliendo ese protocolo que se firmó entre la CIDH y el Estado y por eso no estamos exigiendo rápidamente”.
Inca dijo que en el caso “golpe las víctimas son políticos, autoridades políticas, sobre eso está girando la versión, no tiene nada que ver con el proceso de Senkata que avanza como tortuga”.
Punto de Vista
Paul Coca, analista político MAS usa muertos como bandera
La detención de Jeanine Añez y los exministros, la investigación a Luis Fernando Camacho y el anuncio de un montón de aprehensiones no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Sacaba y Senkata, lo del exministro Iván Arias tampoco. Hay utilización política de los fallecidos y la simbología que eso representa y que el MAS ha utilizado inclusive para ganar las elecciones.
Sobre las investigaciones (de las muertes) hay bastante lentitud, bastante burocracia y uno dice: ¿por qué? El Órgano Judicial está sometido al MAS, las víctimas no encuentran ningún tipo de resultado. Hasta el momento las víctimas no encuentran justicia, en ninguno de los dos bandos. Ahí está la figura respectiva y en algún momento si este caso se resuelve, si se encontraran culpables de los muertos en ambos lados, esto no va a servir de bandera política al MAS porque va a estar la verdad establecida.
El pueblo alteño ha hecho del “MAS del dedo” la caída de Evo Morales y el resultado de las urnas está establecido. La verdad es la siguiente hasta el momento, la detención de Añez y los exministros no es por las muertes y heridos de Sacaba y Senkata, es una bandera que está utilizando el MAS con el supuesto golpe de Estado. Las víctimas no tienen justicia y hay que ser realistas que en Bolivia quién asume el poder controla los otros poderes.
