El 12 de noviembre de 2019 se produjo en Bolivia una sucesión constitucional, por la cual, la segunda vicepresidente del Senado, Jeanine Áñez, asumió la Presidencia del Estado después de 48 horas de vacío de poder, por la renuncia de Evo Morales y de otras cuatro autoridades que debían sucederlo. Inmediatamente, se inició un proceso de transición democrática que culminaría con la realización de las elecciones del 18 de octubre de 2020 y la entrega pacífica del Gobierno nacional al actual presidente, Luis Arce, el 8 de noviembre de 2020.

No hubo golpe de Estado sino una solución respaldada por el Tribunal Constitucional frente a una cadena de renuncias imposible de prever por la norma fundamental, lo que evitó una confrontación social generalizada que podría haber provocado una guerra civil con todo el horror que hubiera significado para el pueblo boliviano. Hay hechos que comprueban con claridad este carácter constitucional y democrático.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) continuó funcionando a partir de la Presidencia de Jeanine Áñez. El 14 de noviembre de 2019, la senadora Eva Copa fue elegida presidenta del Senado, en representación del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido cuyo jefe es Morales. En la misma fecha, Sergio Choque Siñani, también del MAS, fue electo presidente de la Cámara de Diputados. En ambos casos, el MAS ocupó los espacios previstos para la bancada mayoritaria en las directivas de las Cámaras legislativas, dirigiendo el trabajo de la ALP hasta el inicio de las sesiones de los nuevos asambleístas electos en octubre de 2020.

En los primeros 60 días de este periodo, esta Asamblea aprobó por unanimidad, léase bien, por unanimidad, tres leyes fundamentales para la institucionalidad democrática de Bolivia, la ley 1266, Ley del Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales; la ley 1269, Ley Excepcional para la Convocatoria y la Realización de Elecciones Subnacionales; y la ley 1270, Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de las autoridades electas (esta última, previa consulta al Tribunal Constitucional). Todas estas leyes fueron promulgadas por la expresidenta Áñez.

La misma Asamblea, con los votos del MAS, aprobó las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García, a la Presidencia y a la Vicepresidencia, respectivamente.

El sistema judicial continuó funcionando con las mismas autoridades que habían sido electas para conformar los altos tribunales en las elecciones por voto popular realizadas en diciembre de 2017. Igualmente, continuó en sus funciones el fiscal General del Estado, electo por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, en octubre de 2018.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue reconstituido el 20 de diciembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley 1266. A partir de ese momento, el Órgano Electoral asumió plena autoridad para organizar las elecciones. Fue el TSE quien definió el cronograma de las elecciones y su fecha de realización, así como las postergaciones por la pandemia del Covid-19, en decisiones que fueron respaldadas por la aprobación de nuevas leyes por la Asamblea Legislativa.

Las elecciones de octubre de 2020 se realizaron de forma pacífica, con amplia observación internacional, reconocimiento de los resultados por parte de la expresidenta Áñez y de los candidatos que no lograron el primer lugar, dando lugar a una transmisión igualmente pacífica del poder al mismo partido que lo había perdido el 2019, debido a la convulsión social que generó la comprobación del fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año.

Estos hechos refutan de forma contundente la tesis del golpe de Estado y ratifican que la expresidenta Jeanine Áñez se encuentra en prisión por una acusación falsa que jamás podrá ser comprobada porque los supuestos delitos por los que se la ha encarcelado no corresponden a la realidad que vivió Bolivia.