Después de más de una semana de estar ausente de actos oficiales y manifestarse solo mediante tuits, mientras el país asistía a intervenciones judiciales y encarcelamientos de exautoridades del Gobierno transitorio, el Presidente del Estado reapareció el sábado, en Tarija, y ayer, en El Alto.

En ninguna de esas dos apariciones se refirió al encarcelamiento de la expresidenta y de otras exautoridades de la anterior administración, acusadas de participar en el supuesto “golpe de Estado” de noviembre de 2019, en una acción judicial que no respetó el debido procedimiento.

Es correcto que la cabeza del Poder Ejecutivo se abstenga de pronunciarse acerca de casos que están en manos de la administración de justicia. Una justicia cuya actuación en contra de las mencionadas exautoridades está marcada por diversas irregularidades y la evidente sujeción a los propósitos ideológicos y políticos del Gobierno y del MAS.

Propósitos cuya realización pasó del preámbulo retórico a la persecución de exautoridades de Estado en aplicación de una “justicia” que se ajusta a la imposición de una mentira que transforma la sucesión constitucional, sucesiva a la renuncia de Morales y otros mandatarios, en “golpe de Estado” y al Gobierno transitorio, en uno “de facto”.

Y a esa “justicia” –ajena al principio de la independencia de los poderes del Estado, como lo constata la ciudadanía y organizaciones internacionales– se refirió ayer el Presidente dando una idea de cómo la concibe el oficialismo.

“Hoy salen en los medios de comunicación a reclamar (los opositores, por la persecución judicial y los encarcelamientos de exautoridades). Cómo con 6% (de votos en las elecciones generales) quieren hacerse respetar, hermanos y hermanas, hemos ganado con 55% las elecciones y vamos hacer respetar el voto popular con justicia (…)”, dijo el Presidente de todos los bolivianos.

Su mensaje es claro: el reclamo de las minorías políticas por los abusos del aparato judicial no es digno de respeto. Y, aunque no lo enunció, es evidente que su concepción de justicia, lo mismo que para su partido, está ligada al poder político que les otorgó el voto ciudadano.

Eso es también evidente en el afán de imponer una versión inventada de la crisis provocada por el fraude electoral de 2019, y de lo sucedido como consecuencia de ese engaño que niegan.

Y en ese afán de imponer una mentira se niegan ellos mismos, pues el Presidente, autoridades de Gobierno y dirigentes del MAS, admitieron la sucesión constitucional y la constitucionalidad del Gobierno transitorio. Lo hicieron unos cuando aún no habían asumido sus funciones y estaban en campaña electoral, y lo hicieron otros antes de que el ala radical del MAS eche andar la maquinaria que pretende imponernos sus engaños con una persecución judicial que en cualquier momento puede alcanzar a los masistas que creen en la democracia.