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La firma de tres decretos en su gobierno, llevará a la expresidenta, Jeanine Áñez, a encarar similar número de juicios de responsabilidades. Las proposiciones acusatorias fueron admitidas por la Fiscalía General del Estado que ya comunicó al Tribunal Supremo de Justicia el inicio de investigaciones.
“De acuerdo con documentación oficial suscrita por el Fiscal General, Juan Lanchipa, las proposiciones acusatorias por los casos, ‘Préstamo Inconstitucional del FMI’, ‘Violación de la Libertad de Expresión en la Cuarentena’ y ‘Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile’ han sido aceptadas y se ha remitido a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la confirmación del inicio de las investigaciones”, señala un comunicado de esa entidad.
El Gobierno había presentado cuatro casos, la denuncia del decreto 4356 que ampliaba la administración de Fundempresa al sector privado fue abrogado por el actual Gobierno y por tanto fue desestimado por los fiscales.
Los tres decretos que sí fueron aceptados son: el 4200 que “reforzaba” la lucha contra el coronavirus. Pero el inciso II del artículo 13 de esa norma, estableció una sanción a las personas que divulguen información sobre la pandemia.
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, señala ese precepto y las organizaciones vigilantes de los derechos humanos observaron que es violatorio de la libertad de expresión.
El otro juicio que deberá sortear la expresidenta es por la firma del decreto 4245 que cierra las fronteras del país con el concepto “nadie entra/nadie sale”. Con esa norma miles de bolivianos quedaron bloqueados en las fronteras y generaron una crisis humanitaria que el Gobierno de Áñez tardó en solucionar.
Finalmente, el tercer juicio será por la emisión del decreto 4277 que autoriza el uso de los recursos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había aprobado, se trata de $us 327 millones que serían utilizados para enfrentar la lucha contra el coronavirus.
El procedimiento indica que la Fiscalía General del Estado solicita el enjuiciamiento de una alta autoridad de Estado al Tribunal Supremo de Justicia; el Órgano Judicial remite el pedido a la Asamblea Plurinacional; el Órgano Legislativo autoriza el juicio por dos tercios del voto de los legisladores; remite la decisión al TSJ y se inicia el juicio.
