Los dados están echados. Las elecciones subnacionales dejan una composición miscelánea en el Concejo Municipal cruceño. No hay una fuerza mayoritaria sino dos bloques fuertes: UCS que consiguió la victoria con 35,41% tiene cuatro concejales y CC-A que quedó en segundo lugar con una diferencia inferior a un punto (34,72%) también logró cuatro curules. Es una continuidad de la reñida pugna que se libró en urnas entre Johnny Fernández y Gary Áñez.
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El vencedor UCS tiene cuatro concejales y CC-A que quedó en segundo lugar por un punto también logró cuatro curules. El MAS obtuvo dos y Demócratas, uno. El desafío será la gobernabilidad edil.
Los dados están echados. Las elecciones subnacionales dejan una composición miscelánea en el Concejo Municipal cruceño. No hay una fuerza mayoritaria sino dos bloques fuertes: UCS que consiguió la victoria con 35,41% tiene cuatro concejales y CC-A que quedó en segundo lugar con una diferencia inferior a un punto (34,72%) también logró cuatro curules. Es una continuidad de la reñida pugna que se libró en urnas entre Johnny Fernández y Gary Áñez.
En la composición del órgano legislativo edil figuran asimismo dos concejales del Movimiento Al Socialismo y uno de Demócratas, quienes deben dar el contrapeso en la deliberación y la garantía de gobernabilidad.
No es irrelevante el dato de que en esta oportunidad en el ente legislativo municipal no hay ninguna silla para representantes de la alianza Santa Cruz Para Todos (SPT), fuerza política que ostentó el poder en la última década. Este desenlace es explicado por los nuevos concejales como el costo por la pérdida de institucionalidad del Concejo cuando SPT era oficialismo y usaba la mayoría en el legislativo sin espacio al disenso.
“Ni siquiera se debatía en el Concejo porque el rodillo de los dos tercios que tenía Angélica Sosa con sus aliados impedía que haya contraposición de ideas. Por tanto, no hubo un concejo municipal en los últimos años y lo primero que tenemos que hacer es recuperar la institución”, manifestó Manuel Saavedra, concejal electo de Demócratas.
Conocer a ciencia cierta cómo se manejaron los recursos en la pasada gestión y el estado real de la comuna figura entre las principales tareas de la agenda del renovado Concejo edil cruceño que busca restaurar la institucionalidad tras la toma de mando en el mes de mayo, coinciden analistas y concejales electos. La consigna es “auditoría ya”.
Cuatro fuerzas legislarán
El ente legislativo edil que gobernó por cinco años y que ahora está a punto de cerrar su ciclo se compuso de tres partidos: Santa Cruz para Todos (cinco concejales), Movimiento Al Socialismo (tres concejales) y Unidad Cívica Solidaridad (tres concejales).
La nueva reconfiguración deja de lado a SPT y da paso a Demócratas y a Comunidad Ciudadana, que por primera vez tienen curules en el Concejo.
Si bien la principal característica del nuevo órgano legislativo municipal es que la mayoría de sus miembros no pasaron antes por ese espacio de poder, los integrantes no han estado exentos de cargos públicos o de aspiraciones a través de candidaturas.
Bancada ucesista
La bancada oficialista está integrada por dos varones y dos mujeres: Israel Alcócer, Silvana Mucarzel, Luis Miguel Fernández y Gabriela Garzón.
Alcócer es abogado y fue diputado en la anterior gestión legislativa por la bancada de Unidad Demócrata; Mucarzel es agroempresaria vinculada a la producción de soya y ganadería; Fernández, hijo del alcalde electo Jhonny Fernández, es administrador de empresas e ingeniero de ejecución en gestión de negocios; y Garzón es estudiante de ingeniería industrial.
¿Cómo se concilia el trabajo de fiscalización cuando en el ejecutivo está un familiar cercano?, consultó Página Siete vía telefónica a Luis Miguel Fernández. “No estoy autorizado de hablar. Tengo que consultar”, respondió el concejal electo que desde la campaña evita tener de interlocutor a la prensa.
Se buscó también a Alcócer, Mucarzel y Garzón, pero ninguno quiso abrirse a conversar sobre las expectativas de gobernabilidad en el Concejo y su nuevo rol como fiscalizadores.
Bancada de CC
La bancada de Comunidad Ciudadana está compuesta por Juan Carlos Medrano, Lola Terrazas, José Alberti y Karina Orihuela.
Medrano es abogado, tiene una empresa constructora y es activista de dos movimientos: la plataforma ambiental Bolivia y Todos Podemos Ayudar. Terrazas es educadora con maestría en educación superior y fue candidata a senadora por Comunidad Ciudadana en las pasadas elecciones nacionales de 2021. Alberti es economista y docente universitario; y Orihuela es comerciante minorista y estudiante de la carrera de Derecho.
“Si las cosas se hacen bien, colaboraremos con el ejecutivo, no tenemos por qué ser traba. Estamos allí para empujar el mismo carro. Ahora bien, si hay irregularidades, vamos a fiscalizar como corresponde”, señaló Medrano, como marca de su bancada opositora, en contacto con Página Siete.
Bancada del MAS
El Movimiento Al Socialismo colocó dos concejales: José Quiroz, exconcejal por el MAS y dirigente del sector transporte urbano; y Rosario Callejas, comerciante del rubro de pollos y dirigente gremial quien, por primera vez, incursiona en un cargo público.
“Vamos a ser oposición y vamos a velar siempre por los más humildes. No queremos que se vuelvan a cometer los atropellos que ocurrieron en los últimos años. Por ejemplo, hemos visto mucho abuso contra comerciantes. Esperamos, sin embargo, que se hagan las cosas bien para que podamos trabajar por los vecinos y no tengamos que dedicarnos a pelear”, puntualizó Callejas.
Integrante de Demócratas
El Partido Demócratas logró un curul para Manuel Saavedra, exdiputado por Podemos y exconcejal de SPT, quien sólo ejerció dos años. Vio interrumpido su mandato luego de una revuelta al interior de su entonces partido, que expulsó a las voces más críticas.
“¡Fiscalizar, deliberar y legislar como corresponde!”, así resume Saavedra su compromiso desde su nuevo cargo.
¡Auditoría!
Una de las palabras coincidentes entre los concejales electos es “auditoría”. El gobierno municipal saliente, cuya gestión se extendió durante los últimos 15 años, transparentó muy poco la gestión y el manejo de recursos, por lo que “urge abrir las ventanas”, concuerdan las nuevas autoridades.
“Nosotros creemos que toda transición tiene que llevarse a cabo de la manera más amable posible, pero eso no significa que tengamos que pasar por alto los hechos de corrupción. En ese sentido, vamos a revisar el 100% de las obras que tengan denuncias por sobreprecio. Es un tema impostergable”, remarca Juan Carlos Medrano, concejal electo de Comunidad Ciudadana cuya campaña electoral puso en el centro la demanda de la auditoría.
Medrano señala que hay sospecha de la existencia de una “rosca de empresas beneficiarias” , que se hicieron de proyectos municipales preferentemente durante la última década.
Gary Áñez, de Comunidad Ciudadana, quedó segundo a un punto de diferencia de Fernández. Foto:Comunidad Ciudadana
Por su parte, Manuel Saavedra, concejal electo de Demócratas, coincide con la necesidad de auditar la gestión saliente.
“Es urgente una auditoría a la anterior gestión para saber cómo está la Alcaldía y qué hicieron con tanta plata. Cuando uno entra a una empresa, por ejemplo, se debe saber muy bien cómo se la está recibiendo. Pasa lo mismo en este caso. Pero no sólo eso, hay que empezar una investigación de adquisición de fortuna a la señora Angélica Sosa y a todo su gabinete. Hay muchas denuncias que afirman que funcionarios de la Alcaldía se hicieron millonarios. Por eso amerita una investigación que lo determine”, manifestó Saavedra.
Se suma al plantamiento Rosario Callejas, concejala electa del MAS. “Ante las denuncias de irregularidades es importante hacer auditoría para saber qué es lo que realmente se hizo con los recursos. Hay que ver por ejemplo, cómo se manejó el tema de mercados que hasta ahora se lo afrontó como un conflicto violento, pero no se buscó una solución profunda que garantice el trabajo gremial”, opina.
Pese a insistencia, Página Siete no obtuvo respuestas de la bancada oficialista sobre si respalda la realización de una auditoría a la anterior gestión. Es preciso, no obstante, puntualizar que el nuevo alcalde electo, Jhonny Fernández, fue concejal de la gestión saliente.
Queda entonces la inquietud: ¿hay interés de los concejales de UCS de fiscalizar el trabajo avalado por Fernández en su función fiscalizadora?
Entre los casos auditables señalados por los nuevos concejales figuran: el sistema de transporte rápido (BRT), la construcción de la quinta municipal, la adquisición de drones y la compra del vertedero y otros procesos que no fueron esclarecidos en su momento ni cuestionados por el anterior ente legislativo.
Tras una gestión edil de 15 años Analistas: Urge que el Concejo recupere su tarea de fiscalización
El “fusionar el ejecutivo con el legislativo fue un duro golpe que provocó desinstitucionalización”, sentencia el arquitecto urbanista Fernando Prado, refiriéndose al proceso irregular que se dio en la comuna cruceña durante la última década.
El Concejo Municipal saliente en una sesión. Foto:Concejo Municipal de Santa Cruz
Esa simbiosis de poderes (ejecutivo y legislativo), concentrados en la figura de la actual alcaldesa interina, Angélica Sosa, se debe, según los analistas, a la ausencia del Alcalde cuya salud se vio cada vez más disminuida y a la cooptación de todas las fuerzas del legislativo.
Sosa, quien ejercía la presidencia del Concejo en el que su partido tenía mayoría, empezó de manera paulatina a suplir la voz del Alcalde, al punto que, gremiales, transportistas y demás sectores dirigían sus demandas hacia ella.
“La capacidad de cooptación fue muy grande. Se dieron tajadas de poder a todos los partidos. Todos quienes pasaron por el legislativo tienen responsabilidad: SPT, UCS y el MAS. Ahora hay que revertir lo que ha pasado y recuperar de una vez el Concejo. Personalmente temo que va a costar mucho, porque es probable que quieran heredar lo que se ha hecho mal todo este tiempo”, considera Prado.
“Los concejales salientes tienen mucho que explicar a Santa Cruz”, coincide el abogado y analista político Daniel Valverde, quien advierte de la gravedad que implica la desinstitucionalización y la pérdida de fiscalización.
“Urge una auditoría”, apunta la periodista Maggy Talavera, quien coincide en que, ante la permisividad y alineación del órgano fiscalizador, es necesario un proceso que transparente la gestión.
“Es impostergable la auditoría porque las nuevas autoridades tienen que saber exactamente qué es lo que están recibiendo. Es una regla que se tiene que cumplir cuando hay un corte de gestión”, manifiesta Valverde.
“Es muy importante definir qué se va a fiscalizar. Me preocupa que se hable de auditoría de manera genérica y que eso conlleve a una dilatación y pérdida de tiempo. Habrá que escoger de manera concreta qué casos se van a revisar”, opina Prado.
