El vocal del TSE amenazó la semana pasada con sancionar a aquellas personas, que además de promover el voto nulo, se refieran con descalificativos a los postulantes, a quienes a su vez se les impide hacer campaña que inclinen las opciones a su favor, algo que no deja de ser un hecho insólito, como lo es en realidad todo este proceso electoral, inédito en el mundo, estrafalario, amañado y sobre todo estéril, pues la justicia ha empeorado en lugar de mejorar desde que se aplicó la elección de magistrados en 2011. 

Textualmente, el funcionario afirmó lo siguiente: “Toda vez que se incurre en las previsiones de la ley que era no hacer campaña, sí existirán las sanciones", aunque ayer intentó quitarle la gravedad al tema, argumentando que sus palabras fueron tergiversadas por un medio de comunicación. Afirmó que las tres modalidades del voto, es decir, “válido”, “blanco” y “nulo” están garantizadas por la ley y la constitución y admitió que no es evidente que se vaya a apelar a sanciones para quienes hagan campaña promoviendo lo que se ha denominado un voto castigo o de rechazo a este mecanismo. La falta de credibilidad se da porque se ha incurrido en los mismos errores del pasado, es decir, proponer domo máximas autoridades judiciales a individuos con evidentes lazos políticos con el oficialismo, con trayectoria de militancia bien conocida y con antecedentes que no garantizan la independencia que se necesita para transformar servicio público que más afecta al ciudadano, el más atrasado del país y el que marca la calidad del Estado que tenemos en Bolivia.

Ante tanta confusión se hace imprescindible que las autoridades en pleno del TSE emitan un pronunciamiento oficial al respecto. Que aclaren con todo el rigor institucional que les corresponde como poder del estado, cuál es el contexto legal en el que se desenvuelve esta elección y especialmente, que manifiesten el absoluto apego a los principios de respeto a la voluntad del pueblo que se puede expresar conforme lo dicte la libertad de conciencia, amparada en la carta magna.

Resulta obvio el nerviosismo que cunde en el régimen debido a las manifestaciones de desconfianza que anticipan un fracaso de la elección, que sin duda alguna marcaría el estado terminal de nuestra justicia, calificada como una de las peores de América Latina, solo por delante de la de Venezuela, donde lógicamente ya no existe democracia y los jueces son simples esbirros de la dictadura, que avalan la tortura y el asesinato. 

Habrá que otorgarle al TSE el beneficio de la duda, pues en caso de incurrir en amenazas, estaríamos ante una grave situación en la que se pone en riesgo el principio más elemental de la democracia, el derecho al voto universal, libre y secreto, único elemento que podrá devolvernos el estado de derecho.