Lo que acontece en la actual coyuntura política nacional merece de una necesaria revisión por parte de los actores políticos y sociales, en general. No se puede cerrar los ojos ante la realidad, y tampoco hacer de la vista gorda. Todos –aunque efectivamente unos más que otros– tienen una responsabilidad por la cual deben responder. Para sí mismos, en conciencia, y para los demás.
En primer lugar, deberíamos preguntarnos: ¿Hace cuánto tiempo que la mayoría de los bolivianos ha perdido la confianza en la Justicia? ¿Y, por otro lado, hace cuánto que hay un enrarecido ambiente de polarización, claramente alentado por intereses políticos y de otra índole que no dejan pasar oportunidad alguna para sacarle provecho a la decadencia de este pobre país?
Desde hace una semana que ha comenzado a sobrevolar en el aire una sensación de zozobra e inseguridad muy similar al que vivimos en ocubre y noviembre de 2019, cuando la tensión social llegó a puntos insostenibles después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciara un fraude electoral. Lo que desencadenó ese informe lo conocemos todos porque las incidencias de las grandes movilizaciones en las capitales de departamento las tenemos aún frescas en la memoria.
Esa sensación de incertidumbre o de inestabilidad ha vuelto a partir del descontento expresado por sectores de la oposición política y también por organismos de derechos humanos e internacionales, tras las órdenes de aprehensión que comenzaron a salir hace una semana, primero, contra exautoridades policiales y militares y, posteriormente, contra exfuncionarios de la administración transitoria de JeanineÁñez.
Esa molestia se funda, principalmente, en la idea de que los detenidos de manera preventiva son políticos opositores al actual gobierno, de Luis Arce.
Tampoco son una novedad las sospechas que pesan ahora sobre la falta de independencia de acción de los fiscales y jueces en el país.
Este es un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años y que, si bien tienen una directa relación con el gobierno en curso, y aún más con las diferentes gestiones de Evo Morales, también marcó a la administración Áñez, cuyo caso ha vuelto a poner a Bolivia entre las noticias internacionales más destacadas.
La expresidenta ha sido enviada a la cárcel de Obrajes en una medida muy cuestionada desde el punto de vista jurídico y político. Su causa están todavía en curso y tiene una serie de condimentos que deberán ser esclarecidos, comenzando por lo básico, que ha sido apuntado por diferentes juristas del país: su aprehensión en un horario no permitido por el Código de Procedimiento Penal.
Entretanto, la batahola ya se deja sentir a la distancia, molesta como ruido incómodo anunciándose de manera irremediable. Es de esperar que tanto los movimientos cívicos como las organizaciones sociales ligadas al MAS estén a la altura de las necesidades imperiosas de estos tiempos: paz y diálogo, para que gane el país y no solamente una de las partes enfrentadas.
Una nueva crisis, que dispone a bandos identificados dentro de un ambiente político y social de polarización, amenaza con reponer unos días negros que ninguna persona de bien desearía otra vez en nuestras calles.
Las demandas por el imperio de la ley pueden manifestarse y tienen que ser escuchadas en un clima de respeto a las normas básicas de la democracia. Este es el momento en que debemos hacer un llamado a la razón, a que prime la cordura y no las protestas violentas, que siempre conllevan el grave peligro de la expansión de una ola irrefrenable y de la convulsión social.