La situación carcelaria de la expresidenta, Jeanine Áñez y de sus dos exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, empeoró en el lapso de 18 horas. Primero, la exmandataria fue trasladada de recinto penitenciario en la madrugada; segundo, ella y los exministros apelaron su situación para salir de la cárcel y el juez les negó esa posibilidad; y tercero, el mismo juez le dio la razón al Gobierno y dispuso ampliar el tiempo de detención preventiva á de cuatro meses a seis meses. Ahora la familia acudió al Alto Comisionado para los DDHH de la ONU. denunciando la persecución de la que son objeto.

“Se confirma la parte dispositiva de la detención preventiva de los tres coimputados que se había señalado primigeniamente de cuatro meses, (ahora) se determina seis meses de investigación en esa condición de detenidos preventivos, además que la coimputada, la señora Jeanine Áñez tiene también el riesgo de fuga establecido en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal”, dijo el vocal de la Sala Penal Segunda, Willi Vargas.

Desde el pasado lunes, la expresidenta y sus dos exministros guardan detención preventiva en distintos penales de la ciudad de La Paz. Desde ayer la exdignataria está en el penal de Miraflores; mientras que Álvaro Coimbra y Álvaro Guzman, en San Pedro.

El abogado defensor Ariel Coronado, dijo que ya están agotando los recursos ante las instancias judiciales internas del país y luego recurrirán de inmediato a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las NNUU.

El abogado Luis Guillén dijo que calculaban que podían negarles las medidas sustitutivas y el juez podía ratificar la decisión de mantenerlos encerrados, pero no podían prever que en vez de mejorar, empeore la situación de sus clientes porque los vocales de la Sala Penal Segunda no valoraron los descargos que presentaron; por el contrario, tomaron en cuenta todos los argumentos del Estado.

En este proceso, las partes acusadoras son la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, que participaron de la sesión de apelación. En la audiencia de medidas cautelares del domingo 14 de marzo, las dos partes apelaron la decisión de la jueza de Instrucción. Fu en esa sesión que los representantes del Gobierno pidieron que se amplíe el tiempo de detención preventiva porque falta realizar muchos actos procesales y toma de declaraciones de al menos 20 personas. La Fiscalía argumentó que los acusados podían influir en esas personas y por eso pidieron el tiempo de seis meses.

En cambio, la defensa solicitó la apelación porque consideraron que no existían razones legales para que sean enviados a prisión y ofrecieron descargos y garantías para presentarse en todas las fases del proceso.

Así, el juez dio la razón a la parte acusadora y decidió que los tres permanezcan en las celdas por seis meses. Para el caso de la expresidenta Áñez se agravaron los riesgos procesales y sumaron el riesgo de fuga. Según el juez, la acusada demostró que no está dispuesta a someterse al proceso y por eso evadió a la Policía el día que fueron a aprehenderla.

Garantizada y NNUU

Luego del traslado de Áñez al penal de Miraflores, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que se autorizó el traslado para no arriesgar su integridad física ante la presencia de plataformas en las afueras del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.

Limpias también negó desacato a una resolución de acción de libertad concedido por el Juez Décimo de Sentencia, Armando Zeballos. Argumentó que después del fallo a favor de Áñez, atendió un recurso de reposición y dejó sin efecto la orden de traslado a una clínica privada.

Sin embargo, ayer se conoció una carta dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria - Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La nota está firmada por Bjorn Arp quien recopiló información en base al testimonio de Carolina Ribera (hija de Áñez) que detalló todo lo sucedido desde el viernes 12 de marzo.
En su relato dijo que los que arrestaron a su madre fueron personas de civil que no llevaban identificación y realizaban ese operativo por orden directa del presidente Luis Arce. Aseguró que nunca fue citada a declarar por la denuncia que presentó la exdiputada Lidia Patty y tampoco figuraba en esa denuncia, pero la Fiscalía decidió ampliar la investigación, pero tampoco la citaron a declarar.

Ingreso

La autoridad también informó que por razones humanitarias se autorizó el ingreso de un familiar y del médico de cabecera de Áñez, aunque advirtió que ese ingreso debía producirse bajo medidas estrictas de bioseguridad, por la emergencia del coronavirus. Los que ingresen a visitar a la exmandataria serán sometidos a pruebas de antígeno nasal para descartar el peligro.

Para el ministro de Justicia, Iván Lima el rol de esa cartera de Estado es velar por los derechos de la exdignataria y dijo que garantizan la infraestructura dentro el penal de Miraflores. Detalló una conversación con la Defensoría del Pueblo para comunicarle sobre el cambio de recinto y se pidió el apoyo del Ministerio de Salud, que habilitó equipos tecnológicos y la designación de tres médicos para atender a la exmandataria.

“Fue llevada por seguridad del penal de Obrajes a Miraflores debido a la situación de pandemia, porque en Obrajes hay hacinamiento, mientras que los ambientes donde está ella ahora tienen mejores condiciones y podrán visitarla los organismos de derechos humanos y sus familiares”, explicó.

La tortura

Luego se supo que el Gobierno pidió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que una misión pueda visitar la cárcel y verificar el estado de salud de Áñez. La representante de este organismo llegó hasta el penal de Miraflores, pero luego de la visita evitó un encuentro con los medios de comunicación.

Pero los abogados defensores y los familiares denunciaron la violación de los derechos de la expresidenta. Su hija, Carolina Ribera dijo que el gobierno tiene dos órdenes judiciales para que su madre sea trasladada a un centro de salud y ninguna fue acatada por las autoridades.

El abogado Coronado dijo que también acudirán a la justicia para que las autoridades penitenciarias cumplan con el traslado. “Un tribunal de garantías ha dispuesto el traslado inmediato de la señora Jeanine Áñez a la clínica, esto ha sido evadido y solo se la trasladó de penal, señalando que es para proteger su vida y eso obviamente no es así, puesto que no es lo mismo estar en una clínica que en otra cárcel. Vamos a reclamar que el peligro está latente para la vida de la señora Áñez”.

Al margen de las acciones de los abogados y la familia, ayer se pronunció el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), su directora, Emma Bravo Cladera, informó que no lograron el ingreso a visitar a los detenidos por la rapidez con la que sucedieron los hechos.

Para constatar que se trata de casos de tortura deben producirse encuentros con las víctimas a quienes se realizará una valoración, esto no ocurrió en este caso porque los tres detenidos están aislados por situación de la pandemia y no les permiten recibir visitas por dos semanas.

Las familias de la expresidenta y de los exministros no se acercaron a esta institución que trabajó sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2019 y emitieron un informe. Bravo Cladera, dijo que vieron en los medios de comunicación las denuncias de los familiares de las exautoridades, pero hasta el momento no accedieron a grabaciones o filmaciones sobre esos sucesos.

Esta semana pedirán a las autoridades hacerse presentes en los penales para conocer de voz de los acusados las condiciones en las que se encuentran.

Desde la detención de las tres exautoridades, en Beni se activaron las plataformas para organizar vigilias en proximidades de la casa de la expresidenta, las puertas de la Fiscalía y en el Comité Cívico. En La Paz también se han organizado vigilias.