De modo similar a la perpetración del fraude electoral de octubre de 2019, el MAS y el Gobierno perpetran la imposición de una mentira: la del “golpe de Estado” con la que se intenta cubrir el oprobio del comprobado engaño en el cómputo de votos y otras manipulaciones en aquellos comicios.

Hace dos años, la ejecución del fraude comenzó con la remoción de funcionarios técnicos del Tribunal Supremo Electoral y del Segip y con la presión sobre vocales probos que terminaron renunciando y fueron reemplazados por personas incondicionales a los afanes prorroguistas de Morales.

Ahora, la imposición de la historia inventada que niega el fraude –perpetrado con el fin de dar a Morales los votos suficientes para evitar una segunda vuelta electoral– comenzó con la insistente mención a un “golpe de Estado” que no tuvo lugar, la consecuente reiteración sistemática de la calidad de “de facto” del Gobierno de transición –atribuyéndole la responsabilidad de las múltiples crisis que afectan al país, y que se agravaron con la pandemia de Covid–, la amnistía para los masistas procesados por hechos de violencia entre octubre de 2019 y agosto de 2020, el archivo puro y simple del juicio por el fraude electoral y la persecución judicial de exautoridades civiles y militares de la anterior administración gubernamental.

Al parecer, la puesta en marcha de la maquinaria judicial de persecución se inició con la presión del Ministro de Justicia, anunciando una reforma del sistema, acompañada por su (¿fingida?) crítica acerca de lo cambios de “color de camiseta, de azul a verde”, de jueces y fiscales.

Está en acción ese aparato judicial de persecución política, bien entrenado, durante los 14 años de gobiernos de Morales, con los casos que llevaron a la muerte física a José María Bakovic, a la prolongada reclusión de Leopoldo Fernández y una decena de otros acusados procesados por los casos de la masacre de Provenir, Pando, y de terrorismo en Santa Cruz, el encierro sin fin y los más de 270 juicios contra Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc, perseguido así por denunciar un millonario desfalco cuyos responsables están libres y su juicio detenido.

Lo que no se detiene es la implacable maquinaria de persecución judicial, que tampoco se detuvo durante el Gobierno transitorio, pues siguió (o fingió seguir) las consignas de su Ministro de Gobierno que amenazaba con cárcel a medio mundo.

La “justicia” azul no amenaza: encarcela. Y ahí tenemos encerrada, por los próximos seis meses, a la expresidenta, dos de sus ministros y jefes militares y policiales, como resultado de acciones judiciales que no respetan los principios del debido proceso. A tal punto, que su atropello despertó la alerta de organismos internacionales y de la prensa extranjera, y, claro, la indignación ciudadana en el país.

Una indignación que crece, lo mismo que el riesgo en el que el Gobierno y el MAS ponen a la democracia.