Después de todo un año de pandemia, crisis política y económica, todos saludamos las palabras inaugurales del vicepresidente David Choquehuanca: “Es obligación de comunicarnos, obligación de dialogar (...) no más persecución, no más judicialización de la política (...) no más abuso de poder”.

Su apuesta no sólo era oportuna sino urgente. Desde antes de las elecciones de 2019 la sociedad boliviana se había polarizado entre quienes apoyaban al MAS y al expresidente Evo Morales, y quienes, del otro lado, pretendían frenar sus excesos.

Esa “división” lucía necesaria, pues la apuesta del MAS durante 14 años en el poder era abiertamente hegemónica y nunca reparó en las formas para imponer su voluntad. Por eso se llamó a un referendo que no se respetó el 21 de febrero de 2016, se impuso una nueva postulación de Evo Morales que violaba la Constitución y se realizaron unas elecciones precedidas de movilizaciones de descontento.

La divergencia de ideas y  los contrapesos son necesarios en democracia para encontrar balances que eviten el imperio de una sola visión del país, y Bolivia siempre ha tenido muchas miradas divergentes. Pero, el antagonismo que se impuso tras las elecciones fallidas ante la sombra del fraude, llevó la situación de la división a la abierta confrontación.

El Gobierno, con la sumisión acostumbrada de la justicia, pretende ahora instalar la narrativa de un golpe de Estado producto de una conspiración orquestada desde las protestas y que habría tenido la venia y el concurso incluso de quienes oficiaron como mediadores ante la crisis.

Puede hacerlo y lo está haciendo; pero, lejos de los discursos de unidad y reconciliación que se plantearon al inicio de esta gestión, lo hace a riesgo de profundizar ese antagonismo que ahora parece no tener fecha de caducidad.

Nuevamente están enfrentados los polos y las previsiones no pueden ser favorables. No se escuchan voces sensatas que llamen a bajar ánimos ni encontrar puntos de encuentro. 

Dicen las autoridades del MAS  que lo que se busca es justicia y no venganza, pero nada de lo que se atestigua coincide con esta intención.

Con un proceso lleno de amedrentamiento, persecutorio, violador del debido proceso y ni siquiera bien sustentado, está demostrando que lo que busca es castigo y sanción ejemplarizadora para cualquier disidencia. 

Lo ha hecho desde noviembre pasado, primero advirtiendo a las fuerzas del orden -la Policía y las FFAA- que no se toleraría la insubordinación y exigiendo sumisión, y lo está haciendo con exautoridades, incluyendo la expresidenta Añez, sin demostrar un asomo de templanza. No se puede hacer justicia de ese modo.

El expresidente Evo Morales tuiteó recientemente: “El verdadero camino cristiano es ser cada día más humanos, es estar del lado de las familias humildes, de la verdad y la honestidad, y apoyar la lucha por la paz con justicia social”.

Es difícil encontrar coherencia entre esta invocación y las formas e intenciones del accionar del MAS, que incluso pretende cambiar las reglas con un anteproyecto de ley, con el que busca modificar la Ley 044 de juicio de responsabilidades, para contar con procesos más veloces y para,  en el caso de procesos contra el presidente, saltarse la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

Si lo que quiere el Gobierno es justicia para las víctimas que se produjeron en los actos represivos de Sacaba y Senkata, su opción debiera ser la búsqueda de responsables en juicios transparentes e independientes, en la Asamblea Legislativa, tal como establece la Constitución. Esa decisión no sería nunca rechazada por el pueblo boliviano que está cansado de los excesos de ambos lados del espectro político; pero, llevar el péndulo de un extremo a otro, usando el revanchismo y el autoritarismo, no es una buena señal. 

La senda de una buena convivencia entre bolivianos, respetando sus diferencias y encontrando   el diálogo del que hablaba el vicepresidente Choquehuanca, es lo que el país necesita para recuperarse de la pandemia, confiar en la democracia y tender puentes entre bolivianos. 

No, la apuesta de la judicialización de la política para derrotar al otro, ya no es aceptable.