En Bolivia debe profundizarse la democracia no solo como una forma de gobierno, sino también como el eje conductor de la paz social y una forma de vida que tiene como objetivo central el constante mejoramiento económico, cultural, social y solidario de los pueblos.

Vivir en constante enfrentamiento solo acrecienta el odio y la venganza, además genera el retraso de la sociedad en todos sus aspectos porque desestabiliza la economía, el grupo familiar y por ende a la sociedad. Por eso, como bolivianos debemos fortalecer la democracia y no cercenarla porque si se lo hace, la convulsión y discriminación entre las personas será evidente.

Somos seres racionales y por tanto debemos tener la inteligencia, sapiencia y madurez política para convivir respetando el derecho propio y ajeno. El respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el debido proceso oral, público, continuo, contradictorio y garantista son pilares básicos del sistema judicial y jamás podemos abdicar de ello.

En toda investigación debemos aplicar el principio de objetividad procesal penal porque hay que velar por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconoce nuestra Constitución Política, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes.

Deben tomarse en cuenta las circunstancias que permiten comprobar la acusación del fiscal, pero también las que sirven para eximir de responsabilidad a los imputados porque nuestro sistema procesal penal es acusatorio y el que acusa debe demostrar la verdad de su acusación con pruebas obtenidas legalmente y no con falsedad ideológica o material (art. 72-C.Pr.P.).

Todas las naciones del mundo deben construir libremente la paz social, la justicia, dándole a cada cual lo que le corresponde por ley a través de la correcta aplicación de la ley por jueces probos con estricto apego a la Constitución, al imperio de la legalidad y su recta conciencia porque en ellos se encarna la ley. De lo contrario, si no actúan y se rigen como establece la ley serán los carcerberos y guardianes de la injusticia y destructores de los derechos ciudadanos, sobre todo de la presunción de inocencia y del derecho a defenderse ante los tribunales competentes. La estabilidad social, el sistema político leal con los ciudadanos y las instituciones legales son trascendentales para el progreso y desarrollo de los Estados.

Si el abuso de poder en todas sus instancias se campea libremente en el ejercicio del poder público en cualquier país del mundo, la destrucción del país será su consecuencia inevitable. Si el ser humano acrecienta el rencor en su corazón, será el destructor de sí mismo, de su familia y de la sociedad.

Hay que reafirmar nuestra soberanía pero sin aislarnos porque aquel que se atrinchera en un pensamiento único y defiende irracionalmente a capa y espada su supuesta verdad única, está destinado al fracaso porque resquebraja días mejores de subsistencia a sus conciudadanos.

A pesar de nuestras diferencias en la forma de pensar constituimos una sociedad universal. Existen derechos progresivos que surgen cada día para beneficio individual y colectivo y cualquier gobierno democrático en el devenir histórico de las sociedades debe promocionarlos, protegerlos y garantizarlos porque son parte de la consolidación de la democracia.

El buen entendimiento y cordura corre los vientos amenazadores de confrontación porque el Estado de derecho es la vía inclaudicable para la convivencia pacífica y desarrollo de los Estados.