La mirada crítica y severa del Washington Post no logra esclarecer un futuro optimista para Bolivia. En un artículo de opinión suscrito por el Comité Editorial, repasa los acontecimientos más relevantes de la historia reciente del país y vaticina un "un mayor caos, si no una guerra civil y una dictadura total".

El prestigioso medio norteamericano apunta al fraude electoral perpetrado octubre de 2019 como el origen inmediato de esta crisis. En concreto expone que fue Evo Morales quien precipitó todo "al intentar robar un cuarto mandato mediante fraude electoral en 2019!".

Desvirtúa el argumento de golpe de Estado que está siendo propiciado por el oficialismo, aunque dice que no por ello Jeanine Áñez no está libre de culpa por los problemas de Bolivia.

A continuación, copiamos la totalidad del editorial publicado por el prestigioso medio norteamericano:

"Hace apenas unos meses, la nación andina de Bolivia parecía estar en camino de curarse, después de un año que había puesto en peligro su futuro político. Luis Arce, candidato del partido socialista del país, había ganado las elecciones presidenciales del 18 de octubre. Sus oponentes, Carlos Mesa, quien se postuló contra él en una plataforma centrista, y la entonces presidenta interina conservadora, Jeanine Áñez, habían aceptado el resultado. Y el señor Arce se había comprometido a gobernar sobre la base de la unidad y la conciliación. Así, Bolivia pareció salir de una crisis que el líder del partido de Arce, el expresidente Evo Morales, precipitó al intentar robar un cuarto mandato mediante fraude electoral en 2019, lo que provocó manifestaciones a menudo violentas, el abandono militar de Morales y la partida de este al exilio.

Ahora, desafortunadamente, el Sr. Arce parece haber vuelto a un estilo de liderazgo más unilateral y vengativo característico del Sr. Morales, quien ha regresado a Bolivia y todavía ejerce un poder considerable. El 13 de marzo, el gobierno encarceló a la Sra. Áñez ya dos exmiembros de su gabinete, amenazándolos con enjuiciamiento y largas penas de prisión. Se han emitido órdenes de arresto para varios otros ex altos funcionarios. Estas acciones siguen a una amnistía para los partidarios de Morales acusados ​​de violaciones de derechos humanos mientras la Sra. Áñez estaba en el poder, así como a la institución de pruebas de lealtad política de facto para empleados clave del gobierno.

El gobierno del Sr. Arce afirma que simplemente está haciendo cumplir las leyes contra la sedición que supuestamente la Sra. Áñez rompió al fomentar un "golpe" contra el Sr. Morales. La Sra. Áñez ciertamente no está libre de culpa de los problemas de Bolivia, ya que gobernó de manera arbitraria, incluso al intentar, poco después de asumir el cargo, proteger a las fuerzas de seguridad del castigo por la violencia a veces mortal contra manifestantes pro-Morales.

Sin embargo, la Sra. Áñez, enfrentando la presión de los defensores de los derechos humanos, retiró ese decreto; y la acusación en el centro de su arresto ahora es que conspiró con el Ejército boliviano y otros para derrocar al Sr. Morales, lo que está en desacuerdo con la realidad histórica. Morales perdió el poder debido a su propio intento de subvertir las elecciones de 2019, que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmaron en ese momento, y al rechazo masivo del pueblo boliviano en las calles. La Sra. Áñez llegó a la presidencia bajo un proceso de emergencia tenue, pero prescrito constitucionalmente; y, para su crédito, ella cedió pacíficamente el poder al Sr. Arce cuando ganó el año pasado.

Decenas de miles de bolivianos han salido a las calles en oposición a lo que está haciendo Arce ahora. Los obispos católicos de Bolivia han emitido un comunicado contra lo que llamaron un intento de convertir el sistema de justicia en un arma partidista y de “crear un relato falso de la historia, inventando la verdad y manipulando la conciencia de los bolivianos”. La secretaría de la OEA también denunció el arresto de la señora Áñez, lo que llevó al ministro de justicia del señor Arce a amenazar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, con enjuiciamiento.

El curso sin ley del gobierno boliviano amenaza con un mayor caos, si no una guerra civil y una dictadura total, en un momento en que el país, uno de los más afectados por el Covid-19 en el mundo, debería estar luchando contra la pandemia. La administración Biden debería liderar un esfuerzo regional para preservar la estabilidad democrática en este país sufrido durante mucho tiempo, no sea que la crisis se convierta en una catástrofe".