Parece una labor coordinada. En febrero el Gobierno emitió un decreto presidencial para “conceder amnistía e indulto por razones humanitarias” a más de un millar de personas acusadas de violar los derechos humanos después de la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
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El Gobierno amnistió a protagonistas de hechos violentos en 2019, la Fiscalía dictó “resoluciones de sobreseimiento” a los TED y dejó pendiente el caso del TSE.
El fiscal general, Juan Lanchipa, en el Legislativo, ayer Foto:Fiscalia General
Parece una labor coordinada. En febrero el Gobierno emitió un decreto presidencial para “conceder amnistía e indulto por razones humanitarias” a más de un millar de personas acusadas de violar los derechos humanos después de la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
Ayer, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que los vocales electorales de los nueve departamentos fueron liberados del caso fraude electoral. Sin embargo, la justicia encarceló hace cinco días a la expresidenta Jeanine Añez, exministros y excomandantes de las Fuerzas Armadas, y ayer aceleró órdenes de aprehensión contra un exministro. Según un analista no hay “pudor” en el Gobierno y la justicia para amnistiar a unos y “perseguir” a otros porque ejecutan una “decisión política”.
“Se han dictado resoluciones de sobreseimiento en los casos abiertos en los nueve tribunales departamentales electorales. En el tema del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el proceso de investigación se está pendiente de una pericia informática, la cual va a cerrar el proceso de investigación”, sostuvo Lanchipa a la conclusión de un informe oral ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
Aseguró: “Nosotros vamos a trabajar para que no quede ningún hecho en la impunidad” por las muertes en Senkata y Sacaba, después de la dimisión de Evo Morales en noviembre de 2019.
La OEA realizó auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019, solicitada por Evo Morales, y estableció que hubo “operaciones dolosas”, las que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”, y entre las “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” menciona la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del TREP” o conteo rápido.
Lanchipa informó ayer que las demandas penales contra cinco de los siete exvocales del TSE quedaron “pendientes”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investiga todos los hechos de violencia registrados entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019. De manera paralela, dijo Lanchipa, la Fiscalía tiene una investigación avanzada sobre las muertes en Senkata y Sacaba.
“Tenemos informes contundentes de que todas las víctimas, a través del informe del IDIF, han fallecido por impactos de bala, esto queda claro y vamos a pedir que sea a través del director del IDIF que presente de manera detallada y científica todo el trabajo de esta investigación pericial, tanto en Senkata como en Sacaba”, dijo Lanchipa sin mencionar las muertes en Montero, La Paz, la quema de 65 buses PumaKatari, quema de viviendas y violaciones a los derechos humanos antes y después de la renuncia de Evo Morales.
El presidente Luis Arce emitió en febrero el DS 4461 Concesión Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos. Entonces, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), confirmó que se busca que “se libere de todo cargo penal a aquellas personas que fueron detenidas sin ningún motivo, entre ellos muchos de nuestros hermanos dirigentes” y aseguró que entre ellos “por supuesto (está Evo Morales), están todos los que han sido acusados y que por más de un año no se encuentra ninguna prueba ni cargo penal”.
El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, denunció en febrero que el DS 4461 es “para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de DDHH cometidos” por el MAS y “sus correligionarios tras el fraude de 2019, es una acción que muestra que Luis Arce y Legislativo dependiente de Morales no respetan la justicia ni la democracia”.
También en febrero, la senadora por Creemos Centa Rek envió una carta al vicepresidente David Choquehuanca. “El MAS pretende tergiversar la historia a través de una narrativa que no es verdadera, que es mentirosa e intenta manipular la realidad que vivimos”, dice la misiva, con copia a la OEA y UE, además de la Iglesia Católica.
La semana anterior, el Gobierno empezó a acelerar las aprehensiones y encarcelamientos de exautoridades del gobierno transitorio. El viernes (12), los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán fueron aprehendidos, trasladados del Beni a La Paz y el lunes enviados a la cárcel de San Pedro.
El almirante de la Armada Flavio Arce San Martín fue enviado el 11 de marzo a la cárcel de San Pedro y el miércoles (17) al general Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército, al mismo penal. Hay órdenes de aprehensión para el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y del excomandante de la Policía Nacional Yury Calderón. A todo ello, ayer la Policía anticrimen confirmó que se emitió orden de aprehensión del exministro Yerko Núñez.
Punto de Vista
Carlos Börth, analista político No hay pudor en el Gobierno
Abrieron por otro lado la investigación penal por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra la expresidenta Jeanine Añez, parte de su gabinete y jefes militares y policiales, bajo el supuesto de que en noviembre de 2019 se produjo un golpe de Estado; para viabilizar esta acción, eliminan hoy (ayer) con estas resoluciones de las fiscalías departamentales, cierran y eliminan los procesos de fraude porque no podían avanzar la investigación de supuestos actos sediciosos si permanecería abierta la investigación del fraude electoral.
Humana y materialmente es imposible que las fiscalías departamentales lleguen a conclusiones el mismo día, esta es la prueba de que hay una decisión política; hay que sumar la decisión presidencial de liberar a todos los militantes del MAS que estaban perseguidos e investigaciones por hechos de conocimiento público, ahora hacen desaparecer las investigaciones del fraude, el camino está abierto para el proceso de terrorismo, sedición y conspiración. No hay ningún pudor en el Gobierno, han decidido meterle nomás; es otra de las constataciones.
