Había comenzado su gestión con grandilocuentes anuncios sobre una reforma judicial destinada a terminar con la sumisión de este órgano al poder de turno y, cinco meses después, el proceso no llega a puerto y, por el contrario, la instrumentalización política de la justicia es una preocupación cada vez mayor dentro y fuera del país.

Para Marco Antonio Loayza, coordinador de Fundación Construir, que trabaja más de una década en temas de justicia y derechos humanos, esta situación tiene una explicación simple: “Al poder político no le interesa modificar o reformar la justicia porque la instrumentaliza” con fines político-partidarios, lo que ocurre con éste y ocurrió con el anterior gobierno.

“Hemos visto cómo la justicia siempre responde a quien esté en situación de poder y eso es lo que realmente le hace mucho daño, no solamente al sistema político, como ahora se ve, sino a toda la sociedad, porque la justicia es uno de los elementos más importantes para la protección de los derechos humanos y si no hay una justicia adecuada, hay una constante vulneración de derechos humanos”, reflexionó.

En su opinión, la crisis en la justicia explica en gran medida lo que ocurre actualmente en el país, donde rebrotan las denuncias de persecución política consecuencia de la cadena de aprehensiones por el caso denominado “golpe de Estado”.

La abogada y politóloga Ana Soliz de Stange coincidió en que “el Poder Judicial en Bolivia obedece a los dictámenes del gobierno de turno, no solamente del MAS en este momento, sino de cada gobierno”, lo que en su criterio se evidencia con la aprehensión de la expresidenta Jeanine Añez.

La preocupación trascendió con fuerza al exterior, donde organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el observatorio Human Rights Watch (HRW) expresaron su preocupación por las reiteradas denuncias de instrumentalización política de la justicia.

Incluso el programa A fondo, de la cadena internacional alemana Deutsche Welle, dedicó un capítulo a este asunto, con el sugerente título: “Bolivia: ¿Justicia a la carta?”, donde tres analistas, entre ellos Soliz, analizaron lo que ocurre en el país.

El lunes, dos días después de la aprehensión de Añez en Trinidad, la OEA emitió un comunicado en el que advierte que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración”.

Un día después, también mediante un comunicado, la CIDH hizo lo mismo y expresó su preocupación “ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial”.

“Esta problemática ha sido destacada en distintas oportunidades por una pluralidad de organizaciones de la sociedad civil. En ese orden, recuerda que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso”, señala el comunicado.

El director de HRW, José Miguel Vivanco, publicó el viernes en su cuenta en Twitter que no había evidencias para sustentar que Añez y sus ministros cometieron el delito de terrorismo y el lunes, en un a entrevista en la red Erbol, afirmó: “Lo que estamos viendo hoy día en Bolivia es un espectáculo triste de persecución política y parece ser que al presidente Luis Arce, o lo han superado sectores radicalizados que buscan aplicar la misma medicina que a ellos les aplicaron durante el gobierno de la señora Añez, o lo han convencido que esa es la manera de gobernar el país”.

Advirtió que la instrumentalización de la justicia se convirtió en  un “ciclo vicioso” en Bolivia.  “Hoy día regresamos exactamente la misma práctica. ¿Qué es lo que revela esto? Que lamentablemente Bolivia no cuenta con un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial autónomo”.

El ministro Lima, en varias entrevistas, aseguró que se respetó el debido proceso y que no existe interferencia del Gobierno en este caso. El Ministerio Público se limitó a emitir un comunicado con el mismo tenor.

 
El poder político pudo más que la buena intención

“Muy interesantes las primeras intervenciones del ministro (Iván) Lima, cuando señalaba que quería hacer reformas profundas (…) Vimos con mucha esperanza esto, pero ahí se ve que la buena intención que pudo haber tenido se cayó completamente a partir de intereses políticos, a partir de intereses de grupo, que han visto muy riesgoso atender este tipo de reformas que estaba intentando realizar el ministro”, opinó el coordinador de Fundación Construir, Marco Antonio Loayza.

De esta forma se refirió a los anuncios de reforma judicial con los que el Ministro de Justicia comenzó su gestión, conformando para ello una comisión de notables que en el trayecto sufrió bajas y que desistió en su objetivo de reformar la Constitución para cambiar el mecanismo de elección de autoridades judiciales.

Recordó que el impulso inicial partió incluso del propio presidente Luis Arce en el momento de su posesión, cuando en su discurso anunció la necesidad de una reforma de la justicia, lo que finalmente no ocurrió.

Para el especialista, todos los anuncios que hizo el Ministro de Justicia sobre una reforma para avanzar en la independencia judicial terminaron de caer cuando desde su despacho se anunció el procesamiento de la jueza Ximena Mendizábal , por haber liberado a Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala.