Dijo que su caso es un precedente. Delgado fue inhabilitada en 2014 como candidata al municipio por una norma del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de ser favorita en diferentes encuestas sobre preferencia de voto. Ahora el Estado boliviano tiene que pagarle una indemnización.   

Delgado asegura que las últimas resoluciones contra los alcaldes y la jueza vulneran derechos políticos y civiles, tanto de estas autoridades, como de la población.

“Yo los animó a que agoten las instancias a nivel nacional y luego acudan a las instancias internacionales. Más aún con el precedente mío y los informes que ya hay sobre las observaciones al sistema de justicia. Esto no es un tema nuevo para la ONU, es más pueden ayudar a recuperar la institucionalidad”, aseveró.

Asimismo, advirtió que aquellas autoridades judiciales y concejales que actúan según órdenes superiores serán quienes respondan por los derechos que  vulneran. “No así quien está ejerciendo presión sobre ellos”, agregó la también exdiputada.

En los últimos dos meses se han interpuesto procesos contra el alcalde de Cercado, José María Leyes, por el presunto sobreprecio en la compra de mochilas escolares. La investigación derivó en la detención domiciliaria del munícipe y la designación de Karen Suárez como suplente.  

Por otro lado, en Quillacollo el Concejo Municipal suspendió a Eduardo Mérida por instrucción del juez Elvis López, que dio curso a una acción de cumplimiento de sentencia en primera instancia por la presunta falsificación de su libreta militar. En su lugar está el concejal Zacarías Jayta Berrios.

En cambio, otras denuncias en las que se presentaron audios que revelan presuntas presiones a los fiscales que investigaban al exalcalde Edwin Castellanos y al juez para suspender a Mérida, no avanzan.  

Sin embargo, el proceso contra la jueza anticorrupción Sara Céspedes, denunciada por prevaricato por agrupar de oficio los casos de Mochilas I y II,  se desarrolló en menos de 48 horas.

“Con lo que está pasando se confirman los informes de las Naciones Unidas, desde el 2012, en los que se establecen una debilidad en el sistema judicial. Incluso exhortan al Gobierno a garantizar la independencia”, agregó Delgado.

Siguió: “En Cochabamba ya se está evidenciando de manera muy clara la presión a jueces y fiscales a partir de intereses político-partidarios. En el caso de Mérida es mucho más craso el asunto, porque existe una sentencia constitucional que dice que no se puede suspender a un Alcalde a menos que tenga sentencia ejecutoriada”.

ESPERA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Rebeca Delgado buscaba candidatear para ser alcaldesa de Cochabamba, sin embargo, el Gobierno central sacó un decreto que impedía a diputados ser candidatos para sus regiones, bajo el argumento de que no estaban viviendo en su ciudad. De este modo fue inhabilitada.

“Se vulneraron mis derechos políticos, porque no me permitieron postularme y civiles, porque no me permitieron defenderme”, explicó Delgado.

Ante esta situación acudió a las Naciones Unidas para denunciar este hecho. Hace poco se resolvió que el Estado debe indemnizarla por los daños, pero aún espera respuesta de la Procuraduría.